Tras días de protestas, Poder Judicial cancela evaluación y anuncia fin del paro

El Órgano de Administración Judicial abrogó el acuerdo que establecía evaluaciones de desempeño para personal de carrera judicial; tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación, sindicatos anunciaron el regreso a labores este 10 de noviembre.

El paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), que se extendió a juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito en distintas entidades del país, fue levantado luego de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) abrogara el acuerdo que regulaba la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, disposición que detonó las protestas por el temor a posibles sanciones y afectaciones a la estabilidad laboral.

Las movilizaciones comenzaron el viernes 6 de noviembre y se prolongaron durante el fin de semana y hasta el lunes 9, cuando todavía permanecían cerradas al menos 50 instalaciones judiciales, entre juzgados y tribunales federales, de acuerdo con información del propio OAJ.

El conflicto se originó por la publicación, el 5 de noviembre, del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, mediante el cual se establecieron las reglas para evaluar el desempeño de trabajadores de carrera judicial, entre ellos secretarios de juzgado y tribunal, actuarios y oficiales judiciales.

La inconformidad se concentró en los posibles efectos laborales de las evaluaciones, pues los trabajadores consideraron que los resultados podían utilizarse para justificar sanciones e incluso la separación de sus cargos. También cuestionaron los criterios de calificación, particularmente aquellos que podían incorporar valoraciones subjetivas, así como las evaluaciones extraordinarias que podían solicitar los titulares de los órganos jurisdiccionales.

Los trabajadores aclararon que su inconformidad no estaba dirigida contra la capacitación o la evaluación profesional como herramientas para mejorar el servicio de impartición de justicia, sino contra las disposiciones que, desde su perspectiva, ponían en riesgo sus derechos laborales y la permanencia en sus puestos.

Paro se extendió a distintas entidades

La suspensión de actividades y las protestas se extendieron a diferentes regiones del país, con participación de trabajadores de juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados y otras instalaciones del Poder Judicial de la Federación.

Entre las entidades donde se documentaron movilizaciones estuvieron Ciudad de México, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y Guanajuato, además de otras sedes judiciales.

En Ciudad de México se registraron protestas y cierres en instalaciones como San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma. En Sinaloa hubo movilizaciones en Culiacán, mientras que en Chihuahua se reportó la participación de aproximadamente 350 trabajadores en Ciudad Juárez.

En Guanajuato también se registraron suspensiones de actividades en órganos jurisdiccionales del Decimosexto Circuito, mientras que en Veracruz hubo protestas en Coatzacoalcos.

En Querétaro, el paro también tuvo repercusiones en las actividades del Poder Judicial de la Federación. El viernes 6 de noviembre, trabajadores suspendieron labores en cuatro juzgados federales ubicados en el edificio José Siurob, mientras que para el lunes 9 se reportó la suspensión de actividades en las cinco sedes del PJF en la entidad. Aunque a nivel nacional los sindicatos anunciaron el levantamiento del movimiento tras la abrogación del acuerdo de evaluación, en Querétaro la suspensión continuó durante la mañana de este martes 10, sin embargo ya para el medio día reanudaron actividades.

Las cifras sobre el alcance del movimiento variaron conforme avanzaron las movilizaciones. La representación de los trabajadores llegó a reportar alrededor de 40 sedes judiciales en paro, mientras que el Órgano de Administración Judicial informó el lunes 9 de noviembre que al menos 50 juzgados y tribunales federales permanecían cerrados.

El conflicto también evidenció diferencias entre las sedes que suspendieron completamente sus actividades y aquellas donde solamente se realizaron manifestaciones o protestas sin interrumpir todos los servicios.

Negociaciones con la Suprema Corte

El sábado 7 de noviembre se realizó una reunión entre el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz; representantes del Órgano de Administración Judicial y dirigentes de organizaciones sindicales del Poder Judicial.

En el encuentro participaron Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación; Juan Alberto Prado Gómez, representante del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y representantes de la Unión Nacional de Trabajadores del Poder Judicial.

Durante las negociaciones se alcanzaron compromisos para modificar las disposiciones que generaron inconformidad entre los trabajadores.

Entre los principales acuerdos se contempló eliminar cualquier referencia que pudiera interpretarse como la posibilidad de imponer sanciones laborales o separar del cargo a los trabajadores como consecuencia de las evaluaciones de desempeño.

También se acordó eliminar las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales y revisar los porcentajes correspondientes a los aspectos de calificación que pudieran introducir factores de subjetividad.

La intención era que la evaluación tuviera como finalidad fortalecer la eficacia y calidad del servicio de impartición de justicia, sin convertirse en un mecanismo para afectar la estabilidad laboral.

Aunque inicialmente se esperaba que los trabajadores regresaran a sus actividades el lunes 9 de noviembre, las protestas continuaron durante esa jornada, debido a que las bases laborales exigieron que los compromisos alcanzados se formalizaran mediante modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Órgano de Administración Judicial abroga el acuerdo

Ante la continuidad de los cierres, el Pleno del Órgano de Administración Judicial celebró una sesión extraordinaria el lunes 9 de noviembre y aprobó por unanimidad de sus cinco integrantes la abrogación del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026.

La determinación quedó establecida en el Acuerdo General AG-POAJ-027/2026, publicado ese mismo día en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.

El documento establece expresamente la abrogación del acuerdo que regulaba el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, publicado apenas cuatro días antes.

La decisión fue aprobada por unanimidad de los integrantes del Pleno del OAJ, encabezado por su presidente, Néstor Vargas Solano, junto con Surit Berenice Romero Domínguez, Xóchitl Almendra Hernández Torres, Catalina Ramírez Hernández y José Alberto Gallegos Ramírez.

Con esta determinación, el organismo dejó sin efectos la totalidad del mecanismo de evaluación que había provocado las protestas, en lugar de limitarse a modificar algunas de sus disposiciones.

El acuerdo estableció que entraría en vigor desde el día de su aprobación, el 9 de noviembre.

El OAJ señaló que la determinación respondía a la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios de impartición de justicia y evitar que los cierres de instalaciones continuaran afectando el derecho de acceso a la justicia de la población.

Sindicatos anuncian el levantamiento del paro

Después de conocerse la publicación de la abrogación en el Diario Oficial de la Federación, los dirigentes sindicales anunciaron el levantamiento del paro y la reincorporación de los trabajadores a sus actividades este martes 10 de noviembre.

Jesús Gilberto González Pimentel señaló que la decisión del Órgano de Administración Judicial respondió a la principal exigencia de los trabajadores y reconoció la participación de las bases laborales durante las movilizaciones.

Por su parte, Juan Alberto Prado Gómez explicó que la eliminación del acuerdo representa un primer paso dentro de una agenda de demandas que todavía deberán atenderse mediante negociaciones.

Entre los asuntos pendientes mencionó la modificación de la Ley de Carrera Judicial, la revisión de las condiciones generales de trabajo y las disposiciones relacionadas con las evaluaciones y las posibles sanciones para el personal.

También se planteó la instalación de mesas de trabajo con participación de trabajadores de los 32 circuitos judiciales, representantes sindicales y el Colegio de Secretarios y Actuarios, con la finalidad de construir una nueva propuesta que tome en cuenta a quienes integran los órganos jurisdiccionales.