Familia Urquiza acusa a Pancho Domínguez de encabezar “cártel inmobiliario” en Huimilpan
La familia Urquiza Fernández acusó públicamente al exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, Pancho Domínguez, de intentar obtener el control de terrenos y derechos de agua en Huimilpan mediante un proyecto inmobiliario que, según su versión, derivó en una disputa legal que actualmente se mantiene en distintas instancias.
Durante una conferencia de prensa, Pamela Urquiza Lindacher señaló que el conflicto se relaciona con los ranchos La Haciendita y El Salto, que en conjunto suman 269 hectáreas, aunque uno de los predios involucrados en el señalamiento sobre el intento de despojo tiene una superficie aproximada de 100 hectáreas. La familia sostiene que también está en disputa un pozo ubicado en El Salto, cuya concesión permite extraer hasta 360 mil metros cúbicos de agua al año.
De acuerdo con la versión de la familia, el conflicto comenzó a partir de un proyecto inmobiliario planteado en 2023 mediante un fideicomiso en el que participaría la empresa MFJ Campestre. El esquema contemplaba desarrollar los terrenos y distribuir las ganancias entre la empresa y los propietarios.
Pamela Urquiza sostuvo que el acuerdo establecía que el desarrollador recibiría 80 por ciento de las ganancias, mientras que la familia obtendría el 20 por ciento. También cuestionó las condiciones del fideicomiso, al considerar que no establecía con claridad plazos, mecanismos de cumplimiento ni penalizaciones, por lo que calificó el contrato como “leonino”.
El agua, uno de los puntos centrales del conflicto
Uno de los principales señalamientos de la familia está relacionado con el pozo ubicado en el rancho El Salto.
Según Pamela Urquiza, la concesión permite extraer hasta 360 mil metros cúbicos de agua anualmente y este recurso es utilizado para las actividades agrícolas que actualmente se desarrollan en los terrenos.
La familia afirmó que La Haciendita no cuenta con una fuente propia de agua y que requiere del recurso proveniente del pozo ubicado en El Salto. Por ello, sostienen que el control del recurso hídrico representa uno de los puntos centrales de la disputa.
Urquiza Lindacher aseguró que las presiones para permitir el uso del agua en La Haciendita se incrementaron y relacionó esta situación con el proyecto inmobiliario que, según su versión, se pretendía desarrollar en la zona.
Familia señala a exgobernador y habla de un supuesto “cártel inmobiliario”
Durante la conferencia, los integrantes de la familia Urquiza acusaron a Pancho Domínguez de encabezar lo que calificaron como un “cártel inmobiliario” en Querétaro.
También señalaron una presunta participación de autoridades locales en el conflicto y cuestionaron las acciones legales emprendidas en su contra. Aseguran que el exgobernador utiliza las instituciones del estado para este fin.
El conflicto también llegó a los tribunales
La disputa no se ha limitado al ámbito inmobiliario. De acuerdo con información difundida sobre el caso, existen procedimientos en materia civil, penal y federal relacionados con la propiedad de los terrenos y con actuaciones emprendidas contra integrantes de la familia.
El conflicto llegó posteriormente a la justicia federal. Según la información difundida por la familia y sus representantes legales, un Tribunal Colegiado concedió un amparo a Pamela y Julián Urquiza respecto de su vinculación a proceso. Pamela Urquiza señaló que su padre cuenta con órdenes de aprehensión y que a pesar de este amparo han intentado volverlos a vincular a proceso.
La familia afirma que el proyecto inmobiliario no se concretó
Pamela Urquiza aseguró que el desarrollo inmobiliario planteado para La Haciendita no se ha concretado y que actualmente el terreno continúa destinado a actividades agrícolas.
La familia sostiene que, en lugar del desarrollo proyectado, existen sembradíos y que el agua del pozo ubicado en El Salto continúa siendo utilizada para mantener esas actividades.
También señaló que desde 2023 comenzó la construcción de un estadio de béisbol en un rancho propiedad de Pancho Domínguez ubicado en la misma zona, situación que, según su versión, incrementó sus preocupaciones respecto al desarrollo inmobiliario y al uso de los recursos de la región.
Urquiza pide que se investigue el conflicto
La familia sostiene que las acciones legales emprendidas en su contra forman parte de una estrategia de presión para obtener el control de los terrenos y del recurso hídrico.
Por ello, ha solicitado la intervención de autoridades federales y que se revisen las actuaciones realizadas durante el conflicto.
