Imagen por Rene Terp
En el centro de esta ciudad fronteriza ha salido a la luz una red de extorsión que afecta principalmente a mujeres migrantes y trabajadoras sexuales, muchas de ellas integrantes de la comunidad LGBTI+. Diversos testimonios indican que se ven obligadas a pagar cuotas diarias para poder ejercer su actividad sin ser hostigadas o violentadas.
Los cobros, que van de los 200 a los 300 pesos por día, son exigidos por grupos que operan bajo amenazas y con la presunta complicidad de autoridades locales. A cambio, les prometen “protección” y les permiten trabajar en la vía pública, bares o centros nocturnos sin interferencia.
Esta situación se agrava por la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, provenientes de distintos países de América Latina y el Caribe. Muchas viven en condiciones precarias, sin acceso a servicios médicos, seguridad o representación legal, y con un alto riesgo de sufrir violencia física y psicológica.
Colectivos de apoyo han alertado sobre el incremento de casos de explotación, enfermedades de transmisión sexual y la falta de espacios seguros para estas mujeres. Según sus reportes, gran parte de las agresiones que enfrentan provienen de figuras de poder, incluidos servidores públicos.
Ante esta realidad, organizaciones civiles han comenzado a ofrecer atención médica gratuita, asesoría jurídica y apoyo psicológico. También buscan visibilizar estas violencias estructurales y exigir medidas concretas para proteger los derechos y la integridad de quienes ejercen el trabajo sexual en Tapachula.
