Suprema Corte avala castigo a servidores públicos por negociaciones ilícitas en Querétaro
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución de carácter histórico al confirmar la validez del delito de negociaciones ilícitas previsto en el artículo 271 del Código Penal para el Estado de Querétaro, con lo que respaldó las investigaciones y procesos penales contra personas servidoras públicas que abusen de su cargo para obtener beneficios personales.
El fallo fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Máximo Tribunal del país, al revocar la decisión de un Tribunal Colegiado de Circuito que había declarado inconstitucional dicho artículo, al considerar que supuestamente no definía con claridad las conductas sancionables.
Validez constitucional del delito
Durante la sesión celebrada el 7 de enero de 2026, la SCJN concluyó que el artículo 271 no vulnera los principios constitucionales, ya que describe de manera clara y precisa las conductas que constituyen el delito de negociaciones ilícitas. Este tipo penal sanciona a personas servidoras públicas que, aprovechándose de su encargo, incurran en abuso de poder o utilicen información privilegiada para obtener beneficios personales o para terceros.
La Corte determinó que la norma cumple con el principio de legalidad penal, al permitir que cualquier persona conozca con certeza qué conductas están prohibidas y cuáles son las consecuencias jurídicas de incurrir en ellas.
Origen del recurso
La resolución deriva de un recurso promovido por la Fiscalía General del Estado de Querétaro el 28 de marzo de 2025.
Con el fallo del Pleno, el artículo 271 recupera plena vigencia, luego de que su aplicación había quedado en duda tras la resolución previa del Tribunal Colegiado.
Impacto en investigaciones y procesos penales
La Fiscalía de Querétaro informó que esta determinación permite que las investigaciones, procesos penales y sanciones aplicadas a personas servidoras públicas por hechos ocurridos antes del año 2022 se mantengan vigentes y continúen conforme a la ley.
El delito de negociaciones ilícitas forma parte de los ilícitos contra el servicio público y tiene como objetivo combatir actos de corrupción, particularmente aquellos en los que funcionarios se benefician de su posición para obtener ventajas indebidas, afectando el interés público y la confianza ciudadana en las instituciones.
