La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la investigación y el proceso judicial en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no tienen motivaciones políticas y derivan de una indagatoria que comenzó desde hace más de un año por una presunta red de contrabando de combustibles, conocida como “huachicol fiscal”.
Durante su conferencia, la mandataria sostuvo que no existe persecución política en el caso y afirmó que las autoridades actúan con base en las pruebas reunidas por la Fiscalía General de la República (FGR). Asimismo, señaló que Ruffo contará con todas las garantías legales para ejercer su defensa dentro del proceso judicial.
Sheinbaum explicó que las investigaciones apuntan a la empresa Ingemar, de la que Ruffo es señalado como socio, la cual presuntamente participó en un esquema para introducir combustible desde Estados Unidos mediante documentación falsa y mecanismos destinados a evadir el pago de impuestos.
De acuerdo con las autoridades federales, la red operaba a través de una estructura empresarial dedicada a la importación, transporte y comercialización de hidrocarburos. Las investigaciones relacionan el caso con el aseguramiento de millones de litros de combustible que habrían ingresado al país de manera irregular, generando un daño millonario al erario.
La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Ernesto Ruffo y otros implicados por delitos relacionados con contrabando, delincuencia organizada y operaciones vinculadas con hidrocarburos. Como parte del procedimiento, un juez federal determinó diversas medidas cautelares mientras continúan las investigaciones.
Por su parte, familiares del exgobernador y dirigentes de oposición han denunciado una presunta persecución política y cuestionado las acciones emprendidas por las autoridades federales. Sin embargo, el Gobierno de México sostiene que el caso responde exclusivamente a una investigación criminal y fiscal relacionada con el combate al huachicol.
La presidenta reiteró que será el Poder Judicial quien determine las responsabilidades correspondientes y subrayó que el proceso debe desarrollarse conforme a derecho, sin influencias políticas y con respeto al debido proceso.
