Sheinbaum acusa a familia de exgobernador del PRI en Querétaro de usar concesiones de agua para negocio inmobiliario
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que la familia del diputado federal del PRI, Mario Calzada, concentra un total de 628 mil metros cúbicos de agua en cinco títulos de concesión en el estado de Querétaro, los cuales originalmente estaban destinados a uso agrícola.
Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria federal explicó que, además, la familia posee un título agrícola que presuntamente ha sido utilizado para abastecer un club de polo y un desarrollo inmobiliario, lo que representaría un uso distinto al autorizado.
Sheinbaum señaló que estas concesiones fueron otorgadas para riego agrícola, lo que implica que no se paga por el uso del agua conforme a la legislación vigente; sin embargo, acusó que el recurso habría sido desviado para fines residenciales y comerciales, incluyendo la venta de agua a través de pipas.
De acuerdo con lo expuesto, el esquema consistía en aprovechar los títulos de concesión para extraer agua sin costo, bajo el argumento de producción agrícola, pero en la práctica destinarla a actividades privadas, lo que calificó como un uso irregular del recurso hídrico.
La presidenta también indicó que el legislador priista, quien es primo del exgobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, se manifestó en contra de la nueva Ley de Aguas impulsada por el gobierno federal, la cual busca, entre otras cosas, evitar el acaparamiento, regular el uso del recurso y prohibir la transferencia irregular de concesiones.
Ante esta situación, el gobierno federal anunció que se iniciaron acciones para retirar las concesiones de agua a la familia Calzada, además de que ya se han aplicado clausuras en al menos dos ocasiones por el uso indebido del recurso, aunque los involucrados habrían recurrido a amparos.
En el mismo contexto, autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicaron que la reforma a la Ley de Aguas pretende cerrar vacíos legales que anteriormente permitían cambiar el uso del agua concesionada sin reportarlo adecuadamente, así como evitar prácticas de acaparamiento y comercialización irregular.
El caso ha generado polémica a nivel nacional, al evidenciar posibles privilegios en el acceso al agua en una entidad donde distintas zonas enfrentan problemas de abastecimiento, mientras que particulares podrían estar lucrando con un recurso considerado estratégico.
