La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, tras las muertes de mexicanos ocurridas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el Gobierno de México presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante fiscalías estatales para solicitar investigaciones sobre los hechos.
El anuncio ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informara que México emprendería acciones legales por el fallecimiento de 17 connacionales en distintos incidentes relacionados con operativos migratorios y centros de detención en territorio estadounidense.
De acuerdo con la Cancillería, las acciones buscan que se esclarezcan las circunstancias de cada muerte, se determinen posibles responsabilidades y se garantice el respeto a los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses.
Además de las denuncias penales, la SRE informó que se enviaron acciones civiles de cese y desistimiento a los centros de detención involucrados en los fallecimientos. Estas medidas tienen como objetivo exigir la adopción de acciones inmediatas para evitar que continúen prácticas que pudieran poner en riesgo la integridad y la vida de las personas detenidas.
La dependencia señaló que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno de México para defender a los connacionales en Estados Unidos y utilizar todas las vías institucionales disponibles para exigir condiciones adecuadas de trato y protección.
Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, dirigió una comunicación a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de informar sobre la situación y solicitar atención internacional respecto a los casos de mexicanos fallecidos bajo custodia migratoria.
La comunicación a Naciones Unidas busca que organismos internacionales tengan conocimiento de los hechos y se mantenga la vigilancia sobre el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos para personas migrantes.
El Gobierno mexicano ha reiterado que estas acciones no buscan generar un conflicto diplomático con Estados Unidos, sino exigir investigaciones transparentes y garantizar la protección de los derechos de los mexicanos que viven o transitan por ese país.
