La denuncia presentada contra el profesor Alberto Israel Jasso Cruz, docente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, abrió una discusión que trascendió el ámbito judicial: la forma en que las redes sociales pueden transformar un proceso de investigación en un juicio público y colocar a la persona denunciante en el centro de ataques, cuestionamientos y señalamientos.
El caso comenzó cuando una estudiante presentó una denuncia por un presunto delito sexual contra el profesor. De acuerdo con la información difundida por autoridades e integrantes de la comunidad educativa, la joven acudió a las instancias correspondientes y siguió los protocolos establecidos por la institución.
La denuncia fue presentada el 14 de julio y, apenas una semana después, el 21 de julio, Alberto Jasso falleció. Durante ese periodo, la investigación se encontraba en una etapa inicial y no existía una resolución judicial que determinara si los hechos denunciados habían ocurrido o si existía responsabilidad penal del docente.
Antes de su muerte, el profesor decidió hacer público el caso mediante un video difundido en redes sociales. En el mensaje afirmó que era inocente, sostuvo que la denuncia en su contra era falsa y dio a conocer su versión de los hechos. Pero, además, aseguró que vulneraron su presunción de inocencia. Esto, aún cuando la denuncia llevaba menos de diez días en curso y quien hizo públicos los datos fue él
Durante esa exposición pública, también reveló información que permitió identificar a la estudiante que presentó la denuncia, pese a que se trataba de una joven cuya identidad debía ser protegida por tratarse de una persona menor de edad al momento de los hechos denunciados. La fotografía y el nombre de la joven circulan sin restricción en las redes sociales.
Mientras el mensaje del profesor generó muestras de apoyo y solidaridad hacia él, comenzaron a circular publicaciones que cuestionaban a la denunciante, ponían en duda su versión sin que exista una determinación judicial; además la responsabilizan por las consecuencias que enfrentaba el docente.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos que trabajan en temas de violencia de género alertaron que esta reacción pública representa un fenómeno de revictimización, al trasladar el escrutinio social hacia quien acudió a denunciar un posible delito, en lugar de esperar el resultado de una investigación formal.
Los pronunciamientos señalaron que una persona que denuncia un hecho de violencia debe contar con garantías de protección y que la exposición pública, los ataques digitales y los señalamientos pueden convertirse en obstáculos para que otras víctimas decidan acudir ante las autoridades.
El caso también generó pronunciamientos desde otros sectores que han planteado la necesidad de revisar los protocolos institucionales, garantizar investigaciones imparciales y brindar acompañamiento psicológico y jurídico a todas las personas involucradas en procesos de esta naturaleza.
Uno de los puntos centrales del debate es la responsabilidad individual frente a una crisis emocional. Especialistas en salud mental han señalado que el suicidio es un fenómeno complejo y multifactorial, por lo que no puede atribuirse automáticamente a una sola persona o acontecimiento. Bajo esta perspectiva, la decisión de un adulto frente a una situación de crisis no puede trasladarse a la persona que presentó una denuncia ni convertirla en responsable de sus consecuencias, menos aún cuando es una persona mejor de edad.
La discusión alrededor del caso Alberto Jasso también puso sobre la mesa el impacto de las redes sociales en procesos sensibles, donde la rapidez de la información, la falta de contexto y los juicios anticipados pueden afectar los derechos de las personas involucradas antes de que exista una resolución oficial.
Cuando el foco se desplaza de la violencia hacia las denuncias falsas
Organizaciones feministas y especialistas en derechos humanos han advertido que parte de la conversación generada tras la difusión del video de Alberto Jasso ha sido utilizada por sectores que históricamente se han opuesto a los avances en materia de derechos de las mujeres para reforzar narrativas que cuestionan la credibilidad de las víctimas de violencia sexual.
Según estos planteamientos, el debate se ha centrado en la posibilidad de denuncias falsas, pese a que los principales datos disponibles muestran una realidad distinta: la mayoría de los delitos en México no se denuncian y, cuando las víctimas sí acuden ante las autoridades, sólo una parte de los casos logra avanzar hasta una sentencia.
De acuerdo con cifras del INEGI, más del 93% de los delitos permanecen en la llamada “cifra negra”, es decir, no se denuncian o no derivan en una investigación formal. Diversos estudios sobre procuración de justicia también han documentado que únicamente una fracción de las denuncias por delitos sexuales concluye con una sentencia, estamos hablando de alrededor de un 1%.
En ese contexto, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres sostienen que utilizar un caso particular para presentar las denuncias falsas como el problema central puede desviar la atención de fenómenos ampliamente documentados, como la violencia sexual, la impunidad y las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia.
Los colectivos advierten que esta narrativa también busca cuestionar a las denunciantes y debilitar los avances alcanzados en materia de protección de sus derechos.
