¡Golpe Federal! Detienen a César Duarte por lavado de dinero, tenía orden de aprehensión de 2024
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, en la capital del estado por su probable responsabilidad en el delito federal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El arresto se efectuó este lunes, cerca de las 14:00 horas, afuera del domicilio del político en Chihuahua capital, y obedece a una orden de aprehensión emitida en 2024. La captura por el nuevo cargo federal fue posible después de que el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) concediera un permiso especial a México, permitiendo que el exmandatario sea juzgado por un delito distinto a los que motivaron su extradición original en 2022.
La FGR confirmó que la detención se realizó en cumplimiento de una orden librada el 16 de mayo de 2024 por un Juez de Control Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. La acusación federal señala al exgobernador por su presunta intervención en un esquema de blanqueo de capitales, que implicó el uso del Sistema Financiero Mexicano para ocultar recursos que supuestamente fueron desviados del erario estatal durante su administración (2010-2016).
El Proceso de Extradición y el Principio de Especialidad
El arresto de Duarte en diciembre de 2025 está directamente relacionado con su proceso de extradición de Estados Unidos, que se concretó en 2022. César Duarte había sido detenido originalmente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida. Su entrega a las autoridades mexicanas se consumó el 2 de junio de 2022, pero bajo una condición específica impuesta por el tratado bilateral de extradición: el llamado Principio de Especialidad.
Este principio internacional establece que una persona extraditada sólo puede ser juzgada por los delitos que motivaron su entrega al país solicitante, y no por otros hechos delictivos que pudieran haber ocurrido. En el caso de Duarte, la extradición original se basó únicamente en cargos de Peculado (desvío de fondos públicos) y Asociación Delictuosa, que eran competencia de la Fiscalía local de Chihuahua.
Para poder juzgarlo por el nuevo delito federal de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero), la Fiscalía General de la República tuvo que iniciar un nuevo trámite legal ante el gobierno de Estados Unidos. Esta solicitud se formalizó en octubre de 2024. Finalmente, el 4 de diciembre de 2025, la autorización fue concedida, permitiendo a las autoridades federales proceder con la orden de aprehensión por el cargo adicional.
La Acusación por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
La Fiscalía General de la República sostiene que el exgobernador participó en un mecanismo para ocultar recursos de origen ilícito, desviados de las arcas estatales de Chihuahua. El mecanismo habría sido ejecutado mientras Duarte ejercía como servidor público, utilizando el sistema financiero del país para legitimar o “lavar” el dinero desviado.
De acuerdo con las investigaciones previas, las acusaciones contra la administración de Duarte Jáquez, que gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, se enfocaron en una presunta red de corrupción sistémica. Los expedientes judiciales han señalado desvíos de fondos públicos mediante la asignación de contratos por servicios inexistentes, la creación de empresas fachada o fantasma, y el uso de prestanombres para ocultar la propiedad de bienes y recursos. Las investigaciones iniciales señalaban que el monto del desfalco involucraba miles de millones de pesos.
Hasta el momento no se ha informado el monto exacto de los recursos que forman parte de esta nueva imputación federal por lavado de dinero, ni los detalles específicos de las cuentas bancarias o transacciones financieras utilizadas para concretar el delito.
Traslado al Penal de Máxima Seguridad
Tras su detención en Chihuahua, el exgobernador fue puesto a disposición de la FGR. El político será trasladado en las próximas horas al penal federal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Este centro de reclusión es una cárcel de máxima seguridad destinada a procesados por delitos graves y delincuencia organizada.
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