Chema Tapia defiende su patrimonio tras investigación sobre crédito fiscal de 695 mdp
El político queretano José María “Chema” Tapia Franco respondió a los señalamientos publicados sobre una empresa de la que es socio y rechazó que la información difundida refleje de manera correcta la situación jurídica de los procedimientos fiscales mencionados.
La controversia se originó a partir de una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que documentó un crédito fiscal reclamado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 695 millones 219 mil pesos.
La investigación publicada el 14 de septiembre señala a Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres, empresa en la que participa José María Tapia Franco, por presuntas omisiones fiscales relacionadas con operaciones realizadas entre 2020 y 2021.
El antecedente se remonta a marzo de 2020, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgó mediante adjudicación directa un contrato a la empresa para suministrar mil 330 ventiladores durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
El contrato ascendió a 52.6 millones de euros, equivalentes en ese momento a aproximadamente mil 236 millones de pesos, IVA incluido.
De acuerdo con documentos del SAT citados por MCCI, la empresa habría omitido enterar 179 millones 297 mil 761 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 2020.
También se señala una omisión de 42 millones 672 mil 248 pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
Con actualizaciones, recargos, gastos de ejecución y multas, el monto reclamado por la autoridad fiscal habría aumentado hasta 695 millones 219 mil pesos.
La documentación citada por la investigación señala que el SAT emitió el 21 de abril de 2026 un mandamiento de ejecución para exigir el pago.
Según el reporte, de no cubrirse el crédito fiscal podrían aplicarse medidas de cobro, incluido el embargo de bienes, depósitos o seguros suficientes para garantizar el adeudo.
Uno de los puntos centrales de la respuesta de la empresa es que no todos los procedimientos fiscales señalados pueden considerarse como un adeudo definitivo en los términos planteados en la investigación.
Ante las preguntas de MCCI, la compañía sostuvo que un crédito fiscal correspondiente al ejercicio 2020 fue aclarado ante las autoridades y que, como resultado de ese procedimiento, “se determinó su baja”.
Respecto del crédito correspondiente al ejercicio 2021, la empresa afirmó que se encuentra sujeto a un procedimiento de revisión y aclaración conforme a los mecanismos legales disponibles.
La compañía sostuvo que esa situación no implica una negativa a cumplir con sus obligaciones fiscales.Por ello, la controversia se encuentra precisamente en el estatus jurídico de los créditos fiscales: mientras la investigación periodística reporta que el SAT reclama el monto actualizado, la empresa sostiene que una de las obligaciones señaladas ya fue aclarada y que otra continúa bajo revisión.
La investigación señala que los cuestionamientos fiscales no son el único antecedente relacionado con las operaciones de la empresa.
MCCI documentó que, durante operaciones de comercio exterior realizadas en diciembre de 2020, la compañía habría dejado pendiente el pago de impuestos correspondientes a la importación definitiva de al menos 33 ventiladores.
El monto señalado en ese procedimiento fue de aproximadamente 1.6 millones de pesos.Además, la Auditoría Superior de la Federación identificó un retraso en la recepción de los equipos adquiridos por la Sedena.
De acuerdo con la información publicada, la dependencia impuso a la empresa una penalización superior a 61 millones de pesos.
Otro de los elementos que generó controversia fue la referencia al patrimonio inmobiliario de Tapia Franco.MCCI reportó que el político adquirió en marzo de 2023 un departamento en el complejo Acqualina Resort & Residences, en Miami, Florida, cuyo valor actual fue estimado por la investigación en 6.5 millones de dólares, alrededor de 100 millones de pesos.
El inmueble se habría adquirido a través de una operación formalizada el 13 de marzo de 2023. La investigación también refiere una residencia en The Woodlands, Houston, adquirida en 2019, además de propiedades en Querétaro y Acapulco.
La inclusión de estos bienes en el reportaje generó cuestionamientos sobre la evolución patrimonial de Tapia y la situación fiscal de la empresa con la que está relacionado.
¿Qué respondió Chema Tapia?
Frente a la polémica, Tapia rechazó que las afirmaciones difundidas representen de manera fiel la realidad jurídica de los procedimientos mencionados y defendió la legalidad de su patrimonio.
El político también sostuvo que continuará con sus actividades públicas y su trabajo político en Querétaro.
