Caso Brenda Quevedo: nueva ofensiva jurídica exige sentencia o libertad definitiva
Un bloque integrado por ocho agrupaciones de abogadas y abogados, clínicas jurídicas y organizaciones defensoras de derechos humanos anunció este lunes una estrategia legal conjunta para buscar la liberación definitiva de Brenda Quevedo Cruz, quien ha permanecido cerca de 20 años privada de la libertad sin recibir una sentencia por el caso Wallace.
Durante una conferencia de prensa, los representantes de la defensa calificaron el expediente como uno de los ejemplos más graves de retraso judicial en México y señalaron que el objetivo no solo es lograr que Brenda Quevedo recupere plenamente su libertad, sino también que el Estado reconozca las presuntas violaciones a sus derechos humanos y repare el daño ocasionado durante casi dos décadas de proceso penal.
La alianza está conformada por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana, la Red de Abogadas Digna Ochoa, la Clínica de Litigio Penal en Contra de Violaciones Graves a Derechos Humanos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Perteneces A.C., CEA Justicia y un grupo de litigantes independientes especializados en derechos humanos.
Buscan poner fin a un proceso que lleva casi dos décadas
Las y los abogados señalaron que Brenda Quevedo fue detenida en 2007 por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda. Desde entonces, el proceso judicial continúa abierto sin que un juez haya emitido una sentencia.
Explicaron que, aunque la etapa de investigación quedó prácticamente concluida hace varios años, el expediente no ha avanzado hacia una resolución definitiva, situación que consideran una violación al derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable.
La defensa recordó que Quevedo pasó alrededor de 18 años en prisión preventiva y que desde junio de 2024 cumple la medida cautelar de prisión domiciliaria, bajo vigilancia permanente y con un brazalete electrónico, lo que le impide desarrollar una vida normal, trabajar libremente o desplazarse sin autorización judicial.
La nueva estrategia jurídica
Las organizaciones informaron que impulsarán diversas acciones legales para intentar destrabar el proceso penal.
Entre las medidas anunciadas se encuentran la promoción de amparos para exigir el cierre definitivo de la etapa de instrucción, recursos para revisar las medidas cautelares que continúan restringiendo su libertad, acciones para garantizar su derecho a la salud y procedimientos encaminados a investigar las denuncias de tortura y violencia sexual que Brenda Quevedo ha sostenido desde su detención.
Asimismo, buscarán que las autoridades mexicanas den cumplimiento a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales y que, además de su liberación definitiva, se otorgue una reparación integral por los daños sufridos durante el prolongado proceso judicial.
La resolución de la Suprema Corte, uno de los principales argumentos
Uno de los pilares de la nueva estrategia de defensa está relacionado con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de Juana Hilda González Lomelí, otra de las personas procesadas por el caso Wallace.
En ese asunto, la Corte determinó que la confesión utilizada para sustentar la acusación fue obtenida mediante actos de tortura, por lo que ordenó su inmediata liberación al considerar inválidas dichas pruebas.
La defensa jurídica de Brenda Quevedo sostiene que esa determinación también impacta el resto del expediente, ya que parte de la investigación utilizó elementos derivados de aquella confesión, por lo que consideran que el proceso debe ser revisado de manera integral.
Organismos internacionales ya se habían pronunciado
Durante la conferencia también se recordó que diversos organismos internacionales han señalado irregularidades en el caso.
Entre ellos figura el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desde 2020 concluyó que la privación de la libertad de Brenda Quevedo era arbitraria y recomendó al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para restituir sus derechos.
Las organizaciones consideran que esas recomendaciones continúan sin cumplirse plenamente y sostienen que el Estado mantiene una deuda con la protección de sus garantías fundamentales.
“No existe una explicación jurídica”
La abogada Karla Micheel Salas afirmó que resulta injustificable que un proceso penal permanezca abierto durante casi dos décadas sin una sentencia definitiva.
Señaló que el caso refleja las fallas estructurales del sistema de justicia mexicano y advirtió que mantener indefinidamente un proceso penal constituye una afectación grave al debido proceso y a los derechos humanos de cualquier persona.
Agregó que la nueva defensa trabajará de manera coordinada para agotar todas las vías legales disponibles tanto en el ámbito nacional como internacional.
Buscan la libertad y una reparación integral
Además de obtener la libertad definitiva de Brenda Quevedo, el nuevo equipo jurídico pretende que las autoridades reconozcan las violaciones que, afirman, ocurrieron durante la investigación y el proceso penal.
La estrategia contempla impulsar acciones para que exista una reparación integral del daño por los casi 20 años en los que la acusada permaneció privada de su libertad sin una sentencia firme.
Con este nuevo frente legal, las organizaciones confían en que el caso Wallace entre en una nueva etapa y que finalmente se resuelva la situación jurídica de Brenda Quevedo, cuyo proceso se ha convertido en uno de los más prolongados y controvertidos del sistema de justicia penal mexicano.
