SCJN atrae amparos de César Duarte; definirá si puede ser procesado por nuevos delit0s
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará el alcance de la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y determinará si una persona entregada por Estados Unidos puede ser procesada en México por delitos distintos a los que motivaron su extradición.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo, por mayoría de votos, dos amparos promovidos por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, con los que se busca definir si México puede procesar a una persona extraditada desde Estados Unidos por delitos distintos a aquellos por los que fue entregada al país.
El Pleno de la Corte tomó la decisión este miércoles 12 de agosto de 2026, luego de que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito remitiera los asuntos al máximo tribunal. Se trata de los amparos en revisión 1241/2024 y 1783/2024.
El principal punto que deberá resolver la SCJN está relacionado con la llamada regla de especialidad, prevista en el artículo 17 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Esta disposición establece límites para que una persona extraditada pueda ser juzgada por delitos diferentes a los que motivaron su entrega y contempla la necesidad del consentimiento del país que realizó la extradición.
En el caso de Duarte, la controversia también incluye determinar si el exgobernador tenía derecho a ser escuchado y ejercer su defensa antes de que México solicitara a Estados Unidos autorización para procesarlo por una causa penal distinta.
Duarte fue extraditado a México en junio de 2022 para enfrentar acusaciones por asociación delictuosa y peculado agravado, relacionadas con un presunto desvío de más de 96 millones de pesos. Posteriormente, las autoridades mexicanas buscaron procesarlo por otros hechos, lo que dio origen al litigio que ahora será revisado por la Suprema Corte.
En 2023, la defensa del exmandatario promovió un amparo al argumentar que México había solicitado a Estados Unidos autorización para juzgarlo por otra causa penal sin respetar su derecho de audiencia. Una jueza federal le concedió la protección y dejó sin efectos la audiencia inicial celebrada en agosto de ese año, así como la orden de aprehensión derivada de esa causa, además de ordenar su libertad en ese procedimiento.
Las autoridades federales impugnaron esa determinación. Su argumento es que el consentimiento de Estados Unidos para que México pueda procesar a Duarte por nuevos delitos forma parte de un procedimiento diplomático de cooperación internacional y no constituye una nueva extradición, por lo que, desde esa perspectiva, no sería necesario otorgarle audiencia durante ese trámite.
El caso adquiere relevancia debido a que César Duarte actualmente permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, donde enfrenta desde diciembre de 2025 un proceso federal por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La atracción del caso no significa que la Suprema Corte haya determinado que Duarte sea inocente, que haya ordenado su libertad o que haya invalidado su actual proceso penal. Los ministros apenas analizarán los argumentos de las partes y deberán establecer un criterio sobre los alcances de la regla de especialidad y los derechos de las personas extraditadas cuando se pretende procesarlas posteriormente por delitos diferentes.
La resolución que emita el máximo tribunal podría tener efectos que trasciendan el caso particular de César Duarte, debido a que establecerá un criterio sobre la manera en que deben aplicarse las reglas de extradición entre México y Estados Unidos cuando las autoridades mexicanas pretenden ampliar la persecución penal contra una persona que ya fue entregada por otro país.
Por ahora, el exgobernador continuará sujeto al proceso federal que enfrenta en el Altiplano, mientras la Suprema Corte determina el alcance jurídico de los amparos que decidió atraer.
