¿Qué pasó con los dueños de palcos del Azteca? La batalla legal que FIFA ganó a horas del Mundial
A unas horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el conflicto entre los dueños de palcos del Estadio Azteca y la FIFA dio un giro que modificó por completo el escenario jurídico que se había construido durante las últimas semanas.
La controversia comenzó porque cientos de personas adquirieron palcos y plateas en el inmueble mediante contratos firmados hace décadas, muchos de ellos con vigencia de hasta 99 años. Los propietarios sostienen que esos contratos les garantizan el acceso y uso de sus espacios durante cualquier evento realizado en el estadio, incluidos los partidos de la Copa del Mundo.
Durante mayo de 2026, varios dueños de palcos obtuvieron resoluciones judiciales favorables que les permitían defender esos derechos frente a las restricciones impuestas por la FIFA para la operación del torneo. En ese momento, los palcohabientes consideraron que habían ganado una importante batalla legal.
Sin embargo, conforme se acercó la inauguración del Mundial, Grupo Ollamani, empresa propietaria del estadio, promovió nuevos recursos legales para frenar los efectos de esas medidas. El 9 de junio se conoció una resolución que representó un duro revés para los propietarios, ya que limitó varios de los beneficios que habían conseguido previamente.
A partir de esa decisión, los dueños de palcos ya no cuentan con acceso irrestricto bajo las condiciones que reclamaban. Tampoco podrán ingresar alimentos y bebidas libremente ni operar sus espacios bajo las reglas tradicionales de sus contratos durante el Mundial. En la práctica, deberán sujetarse a las disposiciones establecidas por la FIFA para la organización del torneo.
La tensión aumentó cuando representantes de los palcohabientes acudieron al estadio para intentar ingresar y preparar sus espacios antes del arranque de la competencia. Sin embargo, personal del inmueble les negó el acceso, argumentando que las medidas judiciales en las que basaban su solicitud ya no producían los efectos que ellos reclamaban.
Los propietarios sostienen que siguen existiendo resoluciones judiciales que protegen sus derechos y han acusado a la FIFA y a la administración del estadio de desconocer contratos válidos celebrados bajo la legislación mexicana. Incluso han planteado la posibilidad de solicitar apoyo de la fuerza pública o continuar la disputa en los tribunales una vez concluido el Mundial.
No obstante, hasta el 10 de junio no existe una nueva resolución que revierta el revés judicial sufrido un día antes. Por ello, la posición más sólida en este momento es la de la FIFA y la administración del estadio, que mantienen el control total de la operación del inmueble de cara al partido inaugural entre México y Sudáfrica.
Pese a ello, los propietarios no quedaron completamente excluidos. De acuerdo con la interpretación más reciente de las resoluciones judiciales, conservarían el derecho de asistir a los partidos mediante los mecanismos de acceso definidos para el Mundial, aunque sin varios de los privilegios adicionales que reclamaban como parte de sus títulos de propiedad.
