¿Adelantarán liberación de Javier Duarte?, sentencia contempla prisión hasta 2027
El Gobierno federal confirmó que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, “está por cumplir su condena”, luego de que una jueza federal aplazó la audiencia en la que se determinaría su posible liberación anticipada. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que el caso corresponde al Poder Judicial y subrayó que su administración no intervendrá en decisiones que competen a la justicia penal.
Antecedentes del caso
Javier Duarte fue sentenciado en 2018 a nueve años de prisión tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La condena derivó de una investigación que documentó un esquema de desvío de recursos públicos durante su gestión al frente del gobierno de Veracruz, entre 2010 y 2016.
Desde entonces, el exmandatario ha permanecido recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. En años recientes, su defensa ha solicitado en varias ocasiones beneficios de libertad anticipada, argumentando buena conducta y cumplimiento de programas de reinserción social.
Audiencia aplazada por la jueza federal
La audiencia en la que se evaluaría la solicitud de preliberación estaba programada para el 12 de noviembre; sin embargo, fue aplazada hasta el 19 de noviembre debido a que algunos testigos citados por la Fiscalía General de la República no pudieron comparecer.
Durante la sesión, que se extendió por más de nueve horas, la defensa presentó testimonios de custodios y personal del penal que respaldaron la buena conducta del exgobernador. La Fiscalía, por su parte, argumentó que Javier Duarte fue sancionado en años anteriores por faltas disciplinarias, como la posesión de objetos no autorizados, lo que podría obstaculizar su solicitud de liberación.
Declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema y afirmó que, según la información que le fue proporcionada, Javier Duarte está por cumplir su condena, aunque aclaró que desconoce si existen otros procesos pendientes en su contra.
Sheinbaum enfatizó que el Gobierno federal respetará la autonomía del Poder Judicial y que su administración no intervendrá en las decisiones judiciales. “Más allá de la sanción moral y ética que tiene la sociedad, es un asunto que está en manos del Poder Judicial”, expresó la mandataria.
Postura de la Secretaría de Gobernación
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, declaró que el Gobierno rechaza cualquier manifestación o discurso con tintes políticos que desvirtúe la búsqueda de justicia o altere la tranquilidad pública. Señaló que el caso Duarte se maneja conforme a los procedimientos legales establecidos, sin privilegios ni presiones externas.
Rodríguez recordó que, en materia de justicia, el Ejecutivo ha sostenido una política de respeto institucional y combate a la impunidad, por lo que subrayó que el resultado de este caso debe ser determinado únicamente por la autoridad judicial competente.
Situación actual del proceso
El exgobernador permanece en prisión preventiva mientras se evalúan los informes del penal, los dictámenes de la Fiscalía y las pruebas de buena conducta presentadas por su defensa. La resolución final podría conocerse el próximo 19 de noviembre, cuando la jueza de ejecución penal retome la audiencia.
Si se aprueba la preliberación, Duarte podría salir de prisión bajo ciertas condiciones, como la firma periódica ante un juez y la prohibición de salir del país. En caso contrario, deberá cumplir la totalidad de su sentencia, que concluye oficialmente en 2027.
Reacciones y contexto político
El caso de Javier Duarte (Javier Duarte (@Javier_Duarte) / X) continúa siendo uno de los más emblemáticos de corrupción en la historia reciente de México. La posibilidad de su salida anticipada ha generado debate en redes sociales y entre diversos sectores de la sociedad.
Organizaciones ciudadanas y especialistas en transparencia han insistido en que los delitos cometidos durante su administración no deben quedar impunes. En contraste, su defensa sostiene que ha cumplido con los requisitos legales para acceder a un beneficio penitenciario conforme al marco jurídico vigente.
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