La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) emitió el 29 de octubre de 2025 una orden de aprehensión y ofreció una recompensa de 350 mil pesos por información que conduzca a la captura de Jaime Pascual Hernández Toral, conocido como “Jaime Toral”, quien habría privado de la libertad a Doña Lety.
El influencer está acusado de privación de libertad y presunta trata de personas. Este caso se ha viralizado en redes sociales y medios de comunicación nacionales, generando una amplia cobertura mediática y atención ciudadana.
Doña Lety, cuyo nombre real es Leticia Hillman Gómez, se hizo conocida por sus apariciones en vídeos que mostraban su vida diaria y su situación de vulnerabilidad. Aunque no maneja cuentas propias, alcanzó notoriedad cuando el influencer comenzó a grabar su rutina y a difundirla en plataformas digitales, generando millones de vistas. La FGE indicó que el contenido creado por el influencer aprovechó la situación de Doña Lety, y que ella habría sido privada de su libertad en un domicilio en Tantoyuca, Veracruz.
Rescate y denuncia formal
De acuerdo con la investigación, Doña Lety permaneció en condiciones de restricción durante varios meses mientras el influencer producía contenido que se difundía en redes sociales. Finalmente, en septiembre de 2024, logró escapar y pedir ayuda a vecinos, quienes alertaron a las autoridades locales. El operativo de rescate estuvo a cargo de la Guardia Nacional y la FGE de Veracruz, garantizando la seguridad y el traslado de la mujer a un lugar seguro bajo resguardo institucional.
La FGE abrió la carpeta de investigación correspondiente y detalló que Jaime Toral continúa prófugo, motivo por el cual se mantiene activa la recompensa. Las autoridades solicitan a la ciudadanía proporcionar información veraz sobre su paradero, garantizando confidencialidad a quienes colaboren.
Además, al parecer, el influencer es buscado por ser sospechoso de la desaparición de su novia, Rosa Elena Pimienta Santos, desaparecida desde 2024.
Reacción de autoridades y contexto legal
La fiscalía estatal subrayó que la difusión de contenido viral no exime a los responsables de su conducta. El caso Doña Lety evidencia los riesgos de la explotación digital de personas en situación de vulnerabilidad y el uso de la viralización como forma de manipulación o lucro.
Las autoridades recordaron que la trata de personas y la privación de libertad son delitos graves en México, sujetos a procesos penales con posibles sanciones de varios años de prisión. Este caso también pone de relieve la necesidad de reforzar los protocolos de supervisión de contenidos en redes sociales, especialmente cuando involucran a adultos mayores o personas con vulnerabilidad social.
Impacto mediático y social
El caso Doña Lety ha generado amplia atención mediática y debate público sobre la ética de los contenidos virales y el cuidado de personas expuestas en redes. Organizaciones civiles han insistido en que la protección de los derechos humanos debe prevalecer sobre la búsqueda de notoriedad en línea.
La viralización del contenido del influencer también ha provocado un efecto educativo: alertar a la población sobre la importancia de denunciar situaciones de abuso, explotación o restricción de libertad, y sobre los riesgos de normalizar la exposición digital sin consentimiento.
Medidas de prevención y próximos pasos
La FGE (Fiscalía General del Estado de Veracruz – Página Oficial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz) mantiene la búsqueda activa del influencer y ha reforzado las alertas en toda la entidad veracruzana. Paralelamente, se revisan posibles vínculos con otros casos de explotación de personas vulnerables para determinar si existieron patrones similares. La fiscalía invitó a las plataformas digitales a colaborar en la identificación de contenido relacionado y la localización del responsable.
El caso Doña Lety combina delitos de privación de libertad y explotación digital con un alto impacto en redes sociales. Las autoridades reiteran su compromiso con la protección de personas vulnerables y la aplicación estricta de la ley, asegurando que nadie quede fuera del alcance de la justicia por el solo hecho de generar contenido viral.
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