La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que un juez vinculó a proceso a Eduardo Abaad “N” por el delito de violación equiparada en agravio de una menor de edad. Durante la audiencia, se determinó imponer prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria.
El imputado fue detenido en marzo durante una diligencia de cateo realizada en el marco de estrategias de seguridad del estado. La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada debido a la edad de la víctima, con el objetivo de proteger su identidad y evitar su revictimización.
La audiencia tuvo una duración cercana a tres horas y se realizó en las Salas de Audiencia Penal, en las inmediaciones de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario. Colectivas feministas estuvieron presentes afuera de la sala, donde emitieron un posicionamiento en el que señalaron que al inicio de la sesión fueron retiradas del interior, bajo el argumento de que el imputado se sentía violentado. Las activistas indicaron que se trata de audiencias públicas y que su presencia forma parte del derecho de acompañamiento a la víctima y su familia.
En su declaración pública, las colectivas señalaron que la víctima, una menor de edad, ingresó a la audiencia junto con su madre sin el apoyo de su red de acompañamiento, lo que consideraron potencialmente revictimizante. Explicaron que las niñas que denuncian violencia sexual enfrentan procesos judiciales complejos y emocionalmente desgastantes, y que las instituciones de justicia tienen la obligación de garantizar contención y entornos seguros en cada etapa del proceso.
Asimismo, activistas de colectivos como Feminismo para Todas, Justicia Valiente y Niñas Feministas por América Latina señalaron que la Fiscalía cometió omisiones al no presentar los elementos suficientes para que el imputado fuera vinculado a proceso desde la primera audiencia, pese a que ya contaba con denuncias previas desde 2016. Explicaron que, tras su detención en marzo, el acusado fue liberado días después porque se consideró que podía llevar el caso en libertad, situación que fue criticada por colectivos que lo calificaron como un depredador sexual.
Familiares de las víctimas denunciaron también que enfrentaron retrasos y dificultades en la atención de la Fiscalía, incluyendo la falta de peritos disponibles y la necesidad de recorrer varias dependencias para completar los protocolos de denuncia. Explicaron que las menores actualmente reciben atención psicológica y psiquiátrica debido a los daños sufridos.
Sobre la vinculación a proceso, la Fiscalía informó que el juez determinó prisión preventiva justificada por riesgo para la víctima y la comunidad y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria. La autoridad judicial realizó la audiencia a puerta cerrada para garantizar la protección de la menor.
