Proyecto Batán: ¿Avance o amenaza para Querétaro?

La propuesta busca asegurar el abasto de agua potable para la zona metropolitana de Querétaro durante los próximos 50 años.
Autoridades estatales, municipales y algunos sectores académicos, argumentan que es una respuesta urgente ante la sobreexplotación de los mantos acuíferos, pues hoy se extrae agua a profundidades que superan los 400 metros.
Además, destacan que el sistema permitiría reutilizar grandes volúmenes de agua de forma segura y eficiente ya que aprovechará agua regenerada a través de modernas plantas tratadoras que cumplirían con estándares ambientales nacionales.
Este proyecto se prevé que inicie construcción en febrero del 2026 y termine en enero del 2029, arrancando en este mismo año la operación y mantenimiento.
El Proyecto Batán se financiaría principalmente mediante un fideicomiso estatal, es decir, un esquema en el que el Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), compromete recursos públicos como aval para cubrir la inversión, construcción, operación y mantenimiento del sistema.

Imagen creada con Inteligencia Artificial
Sin embargo, no todos comparten este entusiasmo. Diversos colectivos ciudadanos, legisladores de oposición y académicos críticos han señalado varias preocupaciones. Una de las principales es la falta de información clara y transparente, ya que acusan que no se han dado a conocer todos los estudios técnicos, ni se ha permitido una revisión pública de los más de 40 anexos que conforman el proyecto.
También temen que el tratamiento de las aguas residuales no sea suficiente para eliminar contaminantes como antibióticos o químicos detectados en la presa, lo que podría representar un riesgo sanitario si no se vigila de forma constante.
A esto se suma la inquietud sobre la viabilidad financiera, pues el proyecto contempla un fideicomiso millonario que algunos temen pueda convertirse en una carga para el estado o, indirectamente, para los usuarios. Se estima que el proyecto cueste alrededor de 10 mil millones para la primera etapa, y 31 mil millones para la operación.
El debate, por ahora, sigue abierto, y se espera que en los próximos meses se aclararen dudas y se decida, con mayor transparencia, si este proyecto es la mejor alternativa para Querétaro.



