Mexicali vive días de tensión e incertidumbre tras el veredicto condenatorio en contra de Esteban “N”, maestro de primaria en la escuela “Eucario Zavala Álvarez”. El docente fue hallado culpable del delito de omisión de auxilio luego de que, en octubre de 2023, un alumno de 10 años, Martín Damián, sufriera una caída que le provocó un traumatismo craneoencefálico. Aunque el menor fue llevado a una clínica particular y dado de alta, horas después falleció en su domicilio. Para la Fiscalía, la responsabilidad recayó en el profesor por no actuar “con mayor diligencia” para garantizar atención médica adecuada.
El fallo, dictado el pasado 27 de junio, desató una fuerte reacción entre docentes, sindicatos y padres de familia. Decenas de maestros se han movilizado en Mexicali, Tijuana y Rosarito, protestando frente a oficinas gubernamentales y educativas. Consignas como “Justicia para Esteban” y “Hoy fue Esteban, mañana cualquiera” se leen en pancartas y redes sociales. Para el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, la sentencia es injusta, pues argumentan que el maestro siguió el protocolo: informó a la dirección, se comunicó con el padre del menor y facilitó su traslado a la clínica.
Imagen extraída de @ValeriaPipis
Sin embargo, la tragedia se agravó por una presunta negligencia médica. Según la defensa del profesor, la clínica que atendió a Martín omitió realizar estudios básicos como una tomografía, a pesar de que el niño presentó vómito, un signo de alerta evidente.
La familia del menor reclamó una compensación económica de hasta seis millones de pesos por daños morales y materiales, un aspecto particularmente cuestionable del proceso. Para muchos, resulta polémico que se intente poner un precio tan alto, especialmente cuando existen indicios claros de que la negligencia médica jugó un papel decisivo en la tragedia.
Esta demanda ha añadido una capa de controversia al caso, profundizando el debate sobre la proporcionalidad y la justicia en las reparaciones económicas. Además, este caso abre un debate sobre los límites de la responsabilidad de los docentes ante emergencias escolares y plantea la necesidad de revisar los protocolos de atención y protección tanto para alumnos como para maestros. En la audiencia del día de ayer 3 de julio, la fiscalía le dio una condena de seis meses de prisión, que podrá cambiarse por el pago de una fianza de 2,000 pesos, más la multa, dando un total de 6,000 pesos mexicanos.
