Sheinbaum minimiza alerta de S&P sobre deterioro financiero de México: “Le vamos a dar la vuelta”
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la economía nacional continuará avanzando pese a que la agencia calificadora S&P Global Ratings modificó de estable a negativa la perspectiva de la deuda soberana del país.
Durante una declaración pública, la mandataria afirmó que su gobierno mantiene confianza en los indicadores económicos y sostuvo que México logrará superar el panorama planteado por la calificadora internacional. “Le vamos a dar la vuelta”, expresó al ser cuestionada sobre el ajuste realizado por S&P.
La reacción de Sheinbaum ocurrió luego de que S&P Global Ratings mantuviera la calificación crediticia de México en grado de inversión, aunque advirtió sobre riesgos relacionados con el crecimiento económico, el nivel de endeudamiento y las presiones fiscales que enfrenta el país.
De acuerdo con el análisis de la firma financiera, uno de los principales factores de preocupación es el aumento de la deuda pública y el costo de los apoyos destinados a empresas del Estado como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La calificadora también señaló que persiste incertidumbre económica derivada de la desaceleración de la inversión privada y del contexto comercial rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
S&P estimó además que el déficit fiscal mexicano podría ubicarse alrededor de 4.8 por ciento del Producto Interno Bruto durante 2026, mientras que la deuda neta del gobierno podría incrementarse gradualmente en los próximos años.
Pese al cambio de perspectiva, la Secretaría de Hacienda defendió la estabilidad económica del país y destacó que México conserva el grado de inversión con las principales agencias internacionales. La dependencia sostuvo que existen fundamentos macroeconómicos sólidos, estabilidad financiera, control de la inflación y fortaleza en el mercado laboral.
En paralelo, el gobierno federal impulsa ajustes al llamado “Plan México”, una estrategia orientada a incentivar la inversión privada y acelerar proyectos de infraestructura mediante simplificación administrativa y estímulos económicos.
