La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por mayoría que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa, en una decisión que redefine el alcance de las facultades del organismo encargado de combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El fallo fue aprobado con una votación de seis ministros a favor y tres en contra, estableciendo que el congelamiento de cuentas es una medida administrativa de carácter preventivo, y no una sanción penal, por lo que no requiere autorización judicial antes de su aplicación.
UIF podrá actuar en casos nacionales sin solicitud extranjera
Con esta resolución, la SCJN modificó el criterio vigente desde 2018, que limitaba el bloqueo de cuentas únicamente a casos derivados de solicitudes de autoridades extranjeras.
A partir de ahora, la UIF podrá ordenar el congelamiento de recursos también en investigaciones de carácter nacional.
El máximo tribunal consideró que esta facultad es necesaria para proteger el sistema financiero mexicano y prevenir delitos como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con la resolución, las personas afectadas por el bloqueo de sus cuentas mantienen el derecho de audiencia, lo que les permite impugnar la medida, presentar pruebas y defenderse posteriormente ante la propia UIF o en tribunales.
La Corte sostuvo que este mecanismo cumple con los principios constitucionales, ya que el acto no constituye una privación definitiva de bienes, sino una acción precautoria sujeta a revisión.
Durante la discusión, ministros que votaron en contra advirtieron sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales, como el de propiedad y seguridad jurídica, al considerar que el bloqueo sin control judicial previo podría generar abusos o prolongar restricciones sin supervisión inmediata.
En contraste, la mayoría argumentó que la urgencia de combatir delitos financieros justifica la aplicación de medidas rápidas y eficaces por parte de la UIF.
