Las recientes declaraciones del delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Tamaulipas, Manuel Leal Villarreal, generaron polémica luego de que advirtiera sobre multas de hasta 4 millones de pesos para tiendas de autoservicio que vendan tortillas en hieleras o mediante reparto a domicilio sin cumplir con ciertas disposiciones de información al consumidor.
El funcionario explicó que cuando las tortillas se venden en recipientes improvisados, como hieleras o contenedores móviles, no siempre se proporciona al consumidor información básica, como el peso exacto del producto o el precio por kilogramo, lo cual puede constituir una violación a las normas de información comercial que deben respetar los establecimientos.
De acuerdo con lo señalado por la delegación de Profeco en la región, al menos cuatro establecimientos habrían sido sancionados por esta práctica. Las multas pueden variar dependiendo de la gravedad de la falta y de si existe reincidencia, pero en casos graves podrían alcanzar montos millonarios conforme a la legislación de protección al consumidor.
Las posibles sanciones se relacionan con el incumplimiento de disposiciones contenidas en normas oficiales mexicanas que regulan la elaboración, comercialización e información de alimentos, entre ellas la NOM-187-SSA1/SCFI-2002, que establece especificaciones sanitarias para la masa y las tortillas de maíz, y la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, referente al etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Se hace la precisión de que, a través del Acuerdo Maíz-Tortilla, la Procuraduría realiza un monitoreo de precios a más de 600 tortillerías con el programa Quién es Quién en los Precios; además, vigila que los establecimientos tengan publicados los precios a la vista de las personas y que estos sean respetado, y realiza la calibración de las básculas para que se vendan kilos completos.
Sin embargo, tras la controversia generada por estas declaraciones, la propia Profeco aclaró que su función principal no es sancionar temas sanitarios, ya que esas atribuciones corresponden a autoridades de salud. El organismo explicó que su labor se enfoca en verificar que se respete el precio exhibido, el peso correcto del producto y la información comercial hacia el consumidor.
La polémica surgió porque en diversas ciudades del país es común que algunos comercios vendan tortillas en hieleras o mediante motocicletas para entrega a domicilio, una práctica extendida que ha generado debate sobre si cumple o no con las disposiciones de comercialización y protección al consumidor.
