México volvió a registrar una baja evaluación en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por la organización Transparencia Internacional, al obtener una calificación de 27 puntos sobre 100 y ubicarse en el lugar 141 de 182 países evaluados.
El IPC mide la percepción de corrupción en el sector público mediante una escala que va de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio) y se basa en diversas fuentes independientes, incluyendo análisis de expertos y encuestas especializadas.
Este indicador es considerado el referente internacional más importante para comparar el desempeño de los países en materia de combate a la corrupción.
De acuerdo con los resultados más recientes, México registró una variación mínima respecto al año anterior, lo que implicó un descenso en la clasificación global.
En ediciones previas del índice, el país ya se encontraba en posiciones rezagadas dentro del ranking mundial, lo que refleja una tendencia de estancamiento en la percepción ciudadana y empresarial sobre la integridad del sector público.
El informe también advierte que la falta de medidas eficaces para sancionar actos de corrupción, la persistencia de la impunidad y los casos vinculados al crimen organizado continúan influyendo negativamente en la evaluación internacional del país.
La organización señala que la debilidad institucional y los limitados resultados en procesos judiciales relacionados con corrupción son factores que afectan la confianza en el Estado de derecho.
A nivel global, el índice muestra que la corrupción sigue siendo un problema extendido: más de dos tercios de los países obtienen menos de 50 puntos, lo que evidencia altos niveles de prácticas irregulares en gran parte del mundo.
En contraste, naciones como Dinamarca, Finlandia y Singapur se mantienen entre los mejores evaluados.En América Latina, México se sitúa por debajo de economías regionales como Chile y Uruguay, que continúan registrando puntuaciones significativamente más altas.
El Índice de Percepción de la Corrupción se publica anualmente desde 1995 y no mide casos específicos, sino la percepción general sobre el nivel de corrupción en el sector público de cada país, lo que permite analizar tendencias a largo plazo.
