Más de 3 mil pesos por placas que se despintan, pero no habrá sanciones en Querétaro
No habrá sanciones contra la empresa proveedora de las placas vehiculares que presentaron desgaste prematuro en el estado, informó el contralor estatal, Óscar García González, tras concluir la revisión técnica realizada con apoyo de instancias académicas.
La declaración se da luego de que durante el proceso de reemplacamiento en la entidad, ciudadanos reportaran que algunas placas metálicas presentaban despintado, pérdida de reflectividad y deterioro en un periodo corto de uso.
Ante las quejas, la Secretaría de la Contraloría inició una investigación administrativa y solicitó estudios técnicos especializados para determinar si existía incumplimiento contractual o deficiencias en la fabricación.
En el análisis participaron instituciones académicas, como el IPN, que realizaron pruebas de laboratorio y evaluaciones técnicas sobre los materiales y procesos utilizados en la producción de las placas.
De acuerdo con el contralor, los resultados de estos estudios no acreditaron responsabilidad sancionable por parte de la empresa proveedora, por lo que no se iniciará procedimiento de sanción administrativa.
¿Qué pasó con las placas dañadas?
El gobierno estatal permitió el reemplazo de las placas que presentaron defectos sin costo adicional para los propietarios afectados, como parte de la atención a los reportes ciudadanos.
Aunque en un inicio se contempló la posibilidad de aplicar sanciones si se comprobaban irregularidades, la conclusión técnica descartó incumplimientos que justificaran multas, inhabilitaciones o penalizaciones contractuales. Además, las placas supuestamente cumplen con los estándares requeridos.
Placas caras
El tema cobró relevancia pública debido a que el trámite de alta o reemplacamiento en Querétaro se encuentra entre los más altos del país.
El costo para automóvil particular ronda los 3 mil 500 pesos.
El programa de reemplacamiento en Querétaro se llevó a cabo principalmente durante 2022, cuando el gobierno estatal implementó un proceso obligatorio para la sustitución de placas vehiculares con el argumento de actualizar el padrón, reforzar medidas de seguridad y homologar la imagen institucional.
La medida aplicó para la mayoría de los vehículos particulares registrados en la entidad, incluidos automóviles, motocicletas y transporte privado.El trámite fue de carácter forzoso para los propietarios que deseaban mantener vigente su registro vehicular, ya que no realizarlo implicaba posibles multas o restricciones administrativas.
Todo esto generó debate público debido al impacto económico para los contribuyentes.
