Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer y resolver en definitiva el amparo promovido por Mario Aburto Martínez, sentenciado por el homicidio del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en marzo de 1994 en Tijuana, Baja California.
Con esta determinación, el máximo tribunal del país asumió la competencia para analizar si la condena de 45 años de prisión impuesta a Aburto fue dictada conforme a la ley aplicable o si, como sostiene su defensa, debió fijarse con base en el Código Penal de Baja California vigente al momento de los hechos, el cual establecía una pena máxima de 30 años por homicidio doloso.
La decisión de atraer el caso implica que la SCJN ejercerá su facultad constitucional para emitir una resolución definitiva, luego de que el asunto generara criterios encontrados entre tribunales federales. El expediente corresponde a un amparo directo en el que se cuestiona la legalidad de la pena impuesta, no la responsabilidad penal del sentenciado.
De acuerdo con los antecedentes del caso, Mario Aburto fue condenado bajo el Código Penal Federal a una pena de 45 años de prisión. Sin embargo, su defensa ha argumentado que debió aplicarse la legislación estatal, al tratarse de un delito del fuero común cometido en territorio de Baja California, lo que reduciría la condena a un máximo de 30 años.
En años recientes, un tribunal colegiado concedió un amparo que abría la puerta a una reducción de la pena, al considerar incorrecta la aplicación de la ley federal. No obstante, la Fiscalía General de la República impugnó esa resolución y solicitó la intervención de la Suprema Corte, al considerar que el caso tiene relevancia jurídica y trascendencia nacional.
Otro de los puntos relevantes del proceso es la participación de las víctimas indirectas. En resoluciones previas, la Corte ordenó reponer el procedimiento para garantizar el derecho de la familia de Luis Donaldo Colosio a ser notificada y a participar en el juicio de amparo, conforme a los principios de debido proceso y acceso a la justicia.
Con la atracción aprobada, el expediente será turnado a una ministra o ministro de la SCJN, quien elaborará un proyecto de sentencia que será discutido y votado por el Pleno. La resolución que se emita definirá si se mantiene la condena de 45 años o si procede una reducción de la pena, lo que podría tener efectos inmediatos sobre la situación jurídica de Mario Aburto
