Sanciones endurecidas para extorsionadores
El Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con penas que van de 15 hasta 42 años de cárcel en casos agravados. Con 110 votos a favor, los legisladores avalaron modificaciones a varios ordenamientos, como el Código Penal Federal y la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
La ley incluye un catálogo de 34 agravantes que elevan la pena máxima cuando el delito se comete desde centros penitenciarios, con violencia, con aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima, o mediante modalidades específicas como “montachoques”.
Reconocimiento del subregistro por temor de las víctimas
Durante el debate en el Senado, legisladores de todos los partidos coincidieron en que la extorsión es uno de los delitos que menos se denuncia, lo que ha dado lugar a una elevada cifra negra. Este silencio, señalaron, se debe al miedo que provoca en las víctimas, quienes muchas veces prefieren no hacer la denuncia por represalias
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, sostuvo que la aprobación de esta ley representa una herramienta revisada para cerrar “rendijas” a los extorsionadores y acotar la impunidad.
Medidas complementarias y obligaciones institucionales
Además del endurecimiento de penas, la ley obliga a contar con unidades especializadas para atender estos delitos. Ministerios públicos, policías y analistas deberán estar capacitados para investigar extorsiones con perspectiva técnica y humana.
Otro punto relevante es la limitación de beneficios penitenciarios: la ley establece que, en general, no habrá libertad anticipada, conmutación ni sustitución de pena para quienes cometan extorsión, a menos que colaboren de manera sustancial con las autoridades para desmantelar redes delictivas.
Críticas por falta de recursos para aplicar la ley
A pesar del consenso, han surgido voces críticas relacionadas con la implementación de la ley. Bancadas como la del PAN han advertido que elevar las penas hasta 42 años es insuficiente si no se asignan fondos para que el sistema de justicia funcione y atienda las nuevas obligaciones.
También se ha señalado que la ley debe ir acompañada de una estrategia presupuestaria clara para garantizar que las unidades especializadas realmente operen en todo el país y no queden en promesas sin acción.
Consenso político como parte de una estrategia nacional
La aprobación unánime refleja un momento de unidad legislativa entre senadores de distintos partidos para reforzar la lucha contra la extorsión. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que la ley permitirá armonizar las sanciones y mecanismos de investigación entre la Federación y las entidades federativas.
Este proyecto legislativo forma parte de una estrategia nacional para combatir un delito con gran impacto económico y social, especialmente para pequeñas empresas y personas en situaciones vulnerables.
Riesgos de implementación y próximos pasos
A pesar de la aprobación, las autoridades advierten que la eficacia de la norma dependerá de su implementación a nivel local. La ley aún debe regresar a la Cámara de Diputados para cerrar el proceso de reformas pendientes.
Grupos de víctimas y activistas de seguridad piden que se habiliten mecanismos de denuncia segura, protección a denunciantes y capacitación institucional para investigar sin revictimizar. Señalan que la ley es un paso importante, pero no sustituye la necesidad de políticas públicas de prevención y denuncia.
Ante esto, es necesario conocer la postura de las y los legisladores locales, en cuanto a la viabilidad de implementar las unidades destinadas a combatir las extorsiones en las Fiscalías.
Fotos: Voto de la iniciativa: Senado (Senado de la República)
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