A ver, engarróteseme ahí, no se trata de desinformar y tampoco de crear incertidumbre, porque ya hay mucha en el ambiente, pero sí hace falta ahora aclarar, como lo dice Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, que “la Suprema Corte está proponiendo invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio (…) Y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy”.
Se trata más bien de analizar cada sentencia de prisión preventiva como una decisión razonada y justificada, todo porque según el colectivo de abogados PENA SIN CULPA, Alcalde aseguró que si la Suprema Corte anula la prisión preventiva, entonces en automático se tendría que dar libertad a 68 mil presos, a razón de que se dio a conocer el proyecto del ministro Pardo Rebolledo, con el que dará respuesta a una sentencia de la Corte Interamericana por un caso conocido como García Rodríguez y otro vs México, aunque en dicha sentencia no se pretende anular la prisión sino que se aplique la razón y lo justificable.
Se pretende que, como en las series de detectives o en cualquier ejemplo de ficción tipo la Ley y el Orden, en vez de aplicar la prisión preventiva en automático, exista un proceso que sea una audiencia pública, en donde se analicen objetivamente los datos que estén relacionados con los presuntos culpables.
¿Y los 68 mil presos, qué significan?
Ahí está el detalle, diría Cantinflas, porque Luisa María Alcalde sí aceptó indirecta y públicamente que hay 68 mil personas encerradas en las prisiones en México que no hay recibido una sentencia, o sea que están en prisión preventiva, algunas ya por años.
Es importante sumar al hilo que, la sentencia de la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez y otros vs México, y que se dio en el 2023 tiene el caracter de obligatoria e inapelable.
Este famoso caso, que surge en el 2022, se trató de cuando Daniel García García fue detenido por el asesinato de María de los Ángeles Tamés, regidora del ayuntamiento en donde el antes mencionado era secretario, total que a Daniel lo encierran preventivamente por 17 años para darle hasta el 2022 una sentencia de 35 años que fue apelada posteriormente, llevando el caso a la Corte Interamericana donde se probó que García Martínez y otra persona (autor intelectual), fueron ilegalmente detenidos, relacionando a México con su responsabilidad con las torturas, violaciones al debido proceso y a la libertad personal, tal como lo señala la información publicada por la Corte internacional.
Nota: el término PPL significa Persona Privada de Libertad, que según la International Committee of the Red Cross, son personas que han sido separadas de su entorno habitual y a las que ya no se les permite decidir sobre su propia vida. Y para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son personas que se encuentran vinculadas a un proceso o sentenciadas, ello no conlleva a la pérdida de otros derechos como el trato digno, la salud y seguridad.
Según datos del INEGI en el 2022, del total de la población privada de la libertad sin sentencia, el 50% se encontró en prisión preventiva oficiosa, el 23% en prisión preventiva justificada y, el 11% en otro supuesto jurídico, mientras que en el 14% no se identificó su estatus jurídico.
