El municipio de Querétaro suspendió la subasta pública de 12 predios municipales tras la controversia generada por su posible venta, en medio de cuestionamientos ciudadanos y ambientales sobre el destino de estos terrenos y su origen dentro de procesos de desarrollo urbano.
El proyecto había sido aprobado previamente por el Cabildo como una medida para enajenar bienes inmuebles municipales con el objetivo de obtener recursos destinados a obra pública e infraestructura en la capital queretana. Sin embargo, el proceso fue detenido temporalmente para abrir una revisión técnica y espacios de diálogo con la ciudadanía.
De acuerdo con información recopilada, los predios forman parte del patrimonio municipal y habrían sido incorporados mediante procesos de urbanización, en los que los desarrolladores inmobiliarios están obligados por ley a ceder una parte del suelo para equipamiento urbano, infraestructura y áreas verdes. Estos terrenos pasan a ser propiedad del municipio.
La controversia surgió luego de señalamientos de colectivos ciudadanos y ambientales, quienes cuestionaron si algunos de estos predios deberían conservarse como áreas verdes, ante la presión del crecimiento urbano y la reducción de espacios públicos en la ciudad, y porque, supuestamente, la donación de los mismos es para este tipo de infraestructura y no para venta.
Entre los argumentos, se advirtió que la venta de estos terrenos podría implicar la pérdida de suelo con potencial de uso comunitario, especialmente en zonas con alta densidad poblacional.
Ante este contexto, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, informó que se determinó suspender temporalmente el proceso de subasta, con el fin de abrir un espacio de análisis técnico y social sobre la vocación de los predios y escuchar las inquietudes de la ciudadanía antes de continuar con cualquier decisión.
Por su parte, la autoridad municipal ha sostenido que los predios son propiedad legal del municipio, no forman parte de áreas naturales protegidas ni zonas de conservación ecológica, y pueden ser enajenados conforme a la normatividad vigente. También se ha señalado que los recursos obtenidos serían destinados a proyectos de obra pública.
La suspensión del proceso no representa una cancelación definitiva, sino una pausa administrativa para revisar la vocación de los predios, realizar análisis técnicos de desarrollo urbano y medio ambiente, y abrir mesas de diálogo con distintos sectores sociales.
