Arrestan a Julio César Chávez Jr. en EE. UU.: autoridades lo vinculan con el Cártel de Sinaloa
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Julio César Chávez Jr., exboxeador mexicano, fue detenido en Studio City, California, por autoridades migratorias de Estados Unidos, quienes iniciaron un proceso de deportación acelerada en su contra. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chávez Jr. se encontraba en el país con una visa de turismo que expiró en febrero de 2024, aunque había solicitado la residencia permanente tras casarse con una ciudadana estadounidense. Las autoridades estadounidenses lo señalan como una persona vinculada al Cártel de Sinaloa y con una orden de arresto pendiente en México, relacionada con presuntos delitos de tráfico de armas, municiones y explosivos.
El arresto se realizó poco después de su última participación en el ring, en un combate contra Jake Paul celebrado en Anaheim. La detención ha llamado la atención tanto por el perfil público del exdeportista como por los elementos que rodean su situación migratoria y legal. Su esposa, Frida Muñoz, fue anteriormente pareja de Édgar Guzmán López, hijo del líder del Cártel de Sinaloa, lo que ha sido mencionado por medios como parte del contexto en el que se investiga a Chávez Jr.
Documentos oficiales indican que desde diciembre de 2024, la agencia migratoria USCIS había clasificado al exboxeador como una posible amenaza para la seguridad pública. No obstante, hasta junio de este año no se había emitido una decisión formal sobre su deportación. Con el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la actual administración estadounidense, el caso fue reactivado y se determinó que el exboxeador se encontraba en el país de forma irregular.
Por el momento, Chávez Jr. permanece bajo custodia mientras se concreta su retorno a territorio mexicano. En México, la Fiscalía General de la República no ha emitido una confirmación oficial sobre la orden de aprehensión que mencionan las autoridades de Estados Unidos. A la espera de nuevas declaraciones por parte de su equipo legal o familiar, el caso sigue desarrollándose en un entorno de creciente vigilancia sobre figuras públicas con posibles vínculos a redes delictivas.
