Kuri pide investigar caso de exjefe de Gabinete de Corregidora y exige transparencia
El gobernador señaló que el municipio debe continuar las investigaciones y deslindar responsabilidades tras la polémica por el viaje de Carlos Contreras con un socio de una empresa proveedora del Ayuntamiento.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, pidió al Municipio de Corregidora continuar las investigaciones y esclarecer los señalamientos relacionados con Carlos Antonio Contreras López, quien dejó la Jefatura de Gabinete después de la polémica generada por la difusión de fotografías en las que aparece de vacaciones con un empresario vinculado a una compañía proveedora de la administración municipal.
Este lunes 9 de noviembre, el mandatario estatal se pronunció sobre el caso y sostuvo que corresponde al gobierno municipal dar seguimiento a las investigaciones y determinar las responsabilidades que pudieran existir.
Kuri también hizo énfasis en la necesidad de mantener la transparencia en el ejercicio de la función pública y advirtió que Corregidora no debe quedar al margen de los estándares de apertura institucional que, afirmó, ha mantenido Querétaro.
La declaración del gobernador ocurre después de que Carlos Antonio Contreras López se separara de la Jefatura de Gabinete de Corregidora, tras hacerse públicas fotografías de un viaje a Playa Majahuitas, Jalisco, en el que aparece acompañado por Arturo Rodríguez Rivera, socio de la empresa Gabinete 369.
La controversia se originó por los vínculos entre el empresario y la administración municipal, debido a que la compañía recibió contrataciones por al menos 8.5 millones de pesos.
Entre los aspectos que generaron cuestionamientos se encuentran los contratos otorgados a Gabinete 369 por servicios de análisis de riesgo e inteligencia en comunicación pública, así como una contratación de consultoría administrativa solicitada por la propia Jefatura de Gabinete.
También se ha cuestionado la decisión del Ayuntamiento de clasificar como reservada documentación relacionada con esos contratos, facturas y reportes de los servicios, bajo el argumento de que su divulgación podría afectar una investigación administrativa.
