La suspensión de labores comenzó durante los primeros minutos del viernes en distintas sedes del país. Los empleados rechazan el nuevo mecanismo de evaluación porque consideran que podría poner en riesgo su estabilidad laboral; el Órgano de Administración Judicial sostiene que el primer examen será únicamente diagnóstico.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro de labores por tiempo indefinido en distintas sedes del país, en protesta contra el nuevo sistema de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, establecido por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).
La suspensión comenzó durante los primeros minutos de este viernes y alcanzó instalaciones de la Ciudad de México y órganos jurisdiccionales de diversas entidades. Los inconformes colocaron cadenas en los accesos de algunos edificios para impedir el desarrollo de actividades, mientras exigieron que se modifique o deje sin efectos el acuerdo que regula las evaluaciones.
En la capital del país se reportaron cierres en las sedes de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma. En el edificio de San Lázaro, la protesta fue encabezada por Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral, quien estuvo acompañada por trabajadores inconformes.
¿En qué estados se reporta el paro?
Durante la mañana de este viernes se difundieron reportes de suspensión de actividades en sedes del Poder Judicial de la Federación en Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango y Jalisco, además de las instalaciones de la Ciudad de México.
Las cifras difundidas variaron entre los reportes, debido a que algunos contabilizaron las sedes donde ya había comenzado la suspensión y otros incluyeron las entidades contempladas en las convocatorias de los trabajadores.
Los trabajadores advirtieron que mantendrán el paro hasta que el Órgano de Administración Judicial atienda sus demandas y revise las disposiciones que dieron origen a la protesta.
¿Por qué se fueron a paro los trabajadores del PJF?
La inconformidad surgió después de que el 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
El documento establece un mecanismo para evaluar el desempeño de quienes forman parte de la carrera judicial, mediante criterios relacionados con conocimientos, competencias, productividad y cumplimiento de las funciones asignadas.
Entre las categorías contempladas se encuentran secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros perfiles que integran la carrera judicial.
Los trabajadores cuestionan que su evaluación no dependa exclusivamente de un examen de conocimientos, sino que incorpore otros elementos relacionados con su desempeño cotidiano y valoraciones de los titulares de los órganos jurisdiccionales donde trabajan.
Su principal preocupación es que esos criterios puedan utilizarse de manera discrecional y que una calificación desfavorable termine afectando su permanencia en el empleo o sus condiciones laborales.
Los inconformes también señalan que muchos empleados ingresaron a la institución mediante procesos de selección y promoción, y cuentan con años de experiencia, por lo que consideran que el nuevo mecanismo genera incertidumbre sobre la estabilidad de sus plazas.
Trabajadores temen despidos y cambios de adscripción
Patricia Aguayo Bernal, quien encabezó la protesta en San Lázaro, explicó que los empleados no rechazan la capacitación ni la posibilidad de ser evaluados, sino que cuestionan que los resultados puedan utilizarse para separarlos de sus puestos.
La representante sostuvo que el objetivo de las pruebas debería ser identificar las necesidades de formación profesional y mejorar el servicio de impartición de justicia, no poner en riesgo la trayectoria de quienes llevan años trabajando en el Poder Judicial.
Entre las preocupaciones expresadas por los manifestantes también está la posibilidad de que las evaluaciones faciliten cambios de adscripción o el desplazamiento de personal con experiencia.
Los trabajadores consideran que la participación de sus superiores en la calificación podría generar presiones, particularmente cuando existan diferencias de criterio en el trabajo jurisdiccional.
Por ello, demandan que el OAJ revise el acuerdo y establezca reglas que garanticen objetividad, transparencia y respeto a los derechos laborales.
¿Qué respondió el Órgano de Administración Judicial?
Ante las inconformidades, el Órgano de Administración Judicial informó este viernes que la primera evaluación correspondiente a 2026 tendrá carácter exclusivamente diagnóstico.
El organismo aclaró que este primer ejercicio no implicará aprobación ni reprobación y que sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal.
De acuerdo con el OAJ, la finalidad será identificar fortalezas y áreas de oportunidad, así como las necesidades de capacitación de quienes integran la carrera judicial.
La autoridad también reconoció el derecho de los trabajadores a manifestarse y expresó su disposición al diálogo para atender sus inquietudes.
El organismo sostuvo que la evaluación forma parte de sus atribuciones constitucionales y legales, y que busca fortalecer la profesionalización del personal y mejorar el servicio de impartición de justicia.
Sin embargo, la aclaración no frenó el inicio del paro, debido a que los trabajadores mantienen sus cuestionamientos sobre el contenido general del acuerdo y las consecuencias que podrían tener las evaluaciones ordinarias posteriores.
¿Cuándo serán los exámenes?
El calendario difundido para la primera evaluación contempla las siguientes fechas:
- Secretarios: 4 de diciembre de 2026.
- Actuarios: 8 de diciembre de 2026.
- Oficiales judiciales: 14 y 15 de diciembre de 2026.
La publicación de los temarios está prevista para los días 17 y 18 de noviembre.
El OAJ reiteró que esta primera etapa será diagnóstica, por lo que sus resultados no determinarán la permanencia laboral de los trabajadores. La primera evaluación ordinaria con los efectos previstos en la legislación se realizará después de que concluya esta fase y se desarrollen las acciones de capacitación correspondientes.
Sindicato manifiesta preocupación por el nuevo mecanismo
La inconformidad también fue expresada por organizaciones de trabajadores del Poder Judicial. La Unión Nacional de Trabajadores del Poder Judicial manifestó su preocupación por los lineamientos del acuerdo y pidió que el procedimiento cuente con reglas claras y garantías para evitar decisiones discrecionales.
La organización señaló que no se opone a la profesionalización ni a la capacitación del personal, pero cuestionó los criterios de evaluación y sus posibles efectos en la estabilidad laboral.
Por su parte, el dirigente sindical Jesús Gilberto González Pimentel manifestó su rechazo al acuerdo y expresó respaldo a las acciones de los trabajadores, además de ofrecer orientación y acompañamiento al personal inconforme.
