¿Un golpe al huachicol que no fue? Sheinbaum afirma que el combustible asegurado era legal
El aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburos fue anunciado como un golpe contra el robo de combustible (huachicol) ; sin embargo, Claudia Sheinbaum afirmó que el producto era legal y este 22 de octubre la Fiscalía de Guanajuato se deslindó de la investigación.
El operativo en el que autoridades federales aseguraron aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburos en San José de Iturbide, Guanajuato, dio un giro después de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que el combustible era legal y que las irregularidades detectadas estaban relacionadas con el transporte que ingresaba a las instalaciones.
El caso, presentado el 17 de septiembre como un importante aseguramiento de presunto hidrocarburo irregular, volvió a generar cuestionamientos este jueves 22 de octubre, cuando el fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, aclaró que la Fiscalía General del Estado no tuvo participación directa ni indirecta en la investigación.
La nueva versión contrasta con el anuncio inicial de las autoridades, aunque todavía está pendiente que la Fiscalía General de la República (FGR) detalle formalmente las conclusiones de las diligencias y la situación jurídica del combustible.
Sheinbaum afirma que el combustible era legal
El miércoles 21 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la terminal de almacenamiento contaba con los permisos correspondientes y que el combustible era legal. Explicó que las irregularidades identificadas estaban relacionadas con el transporte que ingresaba a las instalaciones y señaló que la empresa había resuelto ese problema.
La mandataria indicó que la FGR debía proporcionar información sobre los detalles del caso.
Sus declaraciones modificaron la percepción pública del aseguramiento, pues el anuncio de septiembre había puesto el foco en la posible falta de acreditación del origen del hidrocarburo.
¿Por qué se aseguraron los 59 millones de litros?
Según la información difundida por la FGR el 17 de septiembre, la investigación comenzó el 3 de julio, luego de que una persona fuera detenida mientras descargaba diésel de una pipa con capacidad para 33 mil litros en una gasolinera de San Luis de la Paz. En ese momento, de acuerdo con la autoridad federal, no pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo.
A partir de esas actuaciones se realizaron diligencias en varios inmuebles de Guanajuato, entre ellos una gasolinera en San Luis de la Paz, un establecimiento relacionado con el despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y una terminal de almacenamiento ubicada en La Fragua, en San José de Iturbide.
El aseguramiento reportado por la autoridad federal comprendió aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburos: 33 millones 504 mil litros de gasolina regular, 7 millones 266 mil litros de gasolina prémium y 18 millones 265 mil litros de diésel.
En el anuncio inicial, la FGR señaló que no se había acreditado la procedencia del producto. Sin embargo, la falta de documentación suficiente en ese momento no constituía por sí misma una determinación definitiva de que todo el combustible fuera ilegal.
Señalan anomalías en el procedimiento
El caso también tuvo consecuencias dentro de la estructura de la FGR. El 25 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la separación de Juan Francisco Vera Ayala, entonces delegado de la Fiscalía federal en Guanajuato, debido a anomalías detectadas en el procedimiento.
Entre los aspectos señalados estuvieron el tiempo transcurrido entre las actuaciones y el anuncio público del aseguramiento, así como cuestiones relacionadas con la documentación que debía revisarse.
La investigación quedó bajo la atención de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Estos señalamientos abrieron una segunda vertiente en el caso: además de establecer la procedencia del combustible, las autoridades debían revisar cómo se desarrolló la investigación y si las actuaciones se realizaron correctamente.
Fiscalía de Guanajuato niega haber participado en la investigación
Este jueves 22 de octubre, el fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, afirmó que la Fiscalía estatal no participó directa ni indirectamente en la investigación que dio origen al aseguramiento.
El funcionario también evitó cuestionar públicamente el trabajo de la FGR, al señalar que debía mantenerse el respeto institucional.
¿Qué pasó realmente con el operativo?
Hasta el 22 de octubre, los hechos confirmados son que el aseguramiento de los hidrocarburos ocurrió, que la FGR inició diligencias después de un caso en el que no se acreditó la trazabilidad de una carga de diésel y que posteriormente se informó de anomalías en el procedimiento.
La versión más reciente de la presidenta sostiene que el combustible almacenado era legal, que la terminal tenía los permisos correspondientes y que las irregularidades estaban relacionadas con el transporte que ingresaba al lugar.
Por ello, el caso pasó de ser presentado como un golpe contra el presunto huachicol a quedar marcado por las dudas sobre el procedimiento y por la necesidad de aclarar públicamente sus resultados.
