ONU alerta por vi0lenc¡a contra mujeres buscadoras y exige protección para ellas
Expertos de Naciones Unidas advirtieron sobre los niveles “alarmantes” de violencia que enfrentan las mujeres buscadoras en México y llamaron al Estado mexicano a garantizar su protección ante agresiones que, en los casos más graves, han terminado en asesinatos y desapariciones.
El pronunciamiento ocurre después de una serie de ataques registrados recientemente en Sinaloa contra mujeres que participan en labores de búsqueda de personas desaparecidas.
Los expertos de la ONU señalaron que las agresiones se producen en un contexto que describieron como de “impunidad casi total” y advirtieron que quienes buscan a sus familiares desaparecidos enfrentan riesgos precisamente por realizar una actividad relacionada con la defensa de los derechos humanos.
Entre los casos señalados se encuentra el de Elisa Altagracia Bonilla Carrillo, mujer buscadora que desapareció el 27 de agosto de 2026 en Mazatlán, Sinaloa. Bonilla buscaba a su hijo, Kevin Alexander Guerrero Bonilla, desaparecido desde octubre de 2025.
Otro de los casos mencionados es el de Alma Rosa Rojo Medina, integrante y fundadora de Voces Unidas por la Vida, quien fue atacada a balazos el 29 de agosto en Culiacán cuando viajaba con familiares. Ella y su hija resultaron heridas.
Los expertos también recordaron el asesinato de Rubí Patricia Gómez-Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, ocurrido en febrero de 2026 en Mazatlán.
A estos hechos se suma la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela, integrante del mismo colectivo, registrada en octubre de 2025 mientras realizaba labores de búsqueda.
Naciones Unidas también hizo referencia a la agresión sufrida por integrantes de Corazones Unidos por una Misma Causa el pasado 1 de septiembre en Mazatlán, cuando varias buscadoras fueron arrolladas por un vehículo durante una manifestación pacífica.
ONU señala responsabilidad del Estado
Uno de los principales señalamientos de los expertos internacionales es que la búsqueda de personas desaparecidas no debería recaer sobre sus familiares.
Naciones Unidas recordó que localizar a las personas desaparecidas e investigar los delitos relacionados con su desaparición son obligaciones del Estado mexicano.
Por ello, las familias que realizan búsquedas no deberían verse obligadas a asumir por cuenta propia tareas que corresponden a las autoridades ni exponerse a situaciones de riesgo para obtener información sobre el paradero de sus seres queridos.
Los expertos pidieron a México adoptar medidas para garantizar la seguridad de las mujeres buscadoras y defensoras de derechos humanos, además de investigar de manera efectiva las agresiones cometidas en su contra.
También señalaron que las investigaciones deben considerar la posibilidad de que los ataques estén relacionados con la labor de búsqueda que realizan las víctimas.
Violencia contra buscadoras
El llamado de Naciones Unidas ocurre en un contexto en el que organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado asesinatos y desapariciones de personas buscadoras en México.
De acuerdo con información recopilada por ARTICLE 19, entre 2010 y mayo de 2026 se habían documentado 37 asesinatos y ocho desapariciones de personas buscadoras.
Los expertos de Naciones Unidas subrayaron que las mujeres enfrentan riesgos particulares al realizar estas actividades y que las agresiones pueden estar relacionadas tanto con su labor de búsqueda como con su condición de mujeres que participan activamente en espacios públicos.
El pronunciamiento también ocurre después de que la Asamblea General de Naciones Unidas estableciera el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento de las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, como una forma de reconocer la labor que realizan en distintos países.
Sin embargo, los expertos señalaron que el reconocimiento internacional debe estar acompañado de medidas concretas para garantizar la seguridad de quienes realizan estas labores.
La ONU pidió al Estado mexicano actuar para prevenir nuevas agresiones, proteger a las mujeres buscadoras y garantizar investigaciones efectivas que permitan identificar y sancionar a los responsables de los ataques.
Mientras tanto, los casos registrados en Sinaloa mantienen bajo atención internacional los riesgos que enfrentan las familias que buscan por sus propios medios a personas desaparecidas.
