El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) cesó el pasado 30 de junio a las 43 personas que integraban el área de Trabajo Social, una decisión que generó pronunciamientos de trabajadores y asociaciones de juzgadores, quienes solicitaron al Órgano de Administración Judicial (OAJ) transparentar las razones de la medida.
De acuerdo con los trabajadores afectados, las bajas fueron notificadas entre el 26 y el 30 de junio por instrucciones del OAJ, órgano creado tras la reforma al Poder Judicial de la Federación. Los exempleados señalaron que la única explicación que recibieron fue que la decisión respondía a un ajuste presupuestal.
Las personas despedidas realizaban funciones especializadas como estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias, investigaciones de campo, localización de personas y elaboración de dictámenes sobre condiciones de vulnerabilidad, actividades que forman parte del trabajo de apoyo a la defensa pública federal.
El IFDP brinda representación jurídica gratuita a personas que no cuentan con recursos para contratar un abogado, así como a integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas indígenas, migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas privadas de la libertad.
Tras conocerse los ceses, trabajadores del Poder Judicial realizaron manifestaciones en distintas entidades del país. Asimismo, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) y la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC) emitieron pronunciamientos en los que solicitaron al Órgano de Administración Judicial informar las razones que motivaron la separación del personal.
Los trabajadores despedidos señalaron que algunos contaban con más de 20 años de antigüedad y que la decisión los dejó sin empleo y sin acceso inmediato a prestaciones laborales y de salud. También indicaron que este no es el primer recorte de personal en el Instituto, ya que el pasado 4 de junio fueron separados de sus cargos 25 médicos forenses adscritos al organismo.
