Reconocimiento de la identidad no es concesión del Estado: Defensoría De Derechos Humanos Qro
La Defensoría de Derechos Humanos defendió la reforma aprobada por el Congreso local y recordó que el reconocimiento de la identidad de género es una obligación constitucional y convencional
La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro salió públicamente en defensa de la Ley de Identidad de Género aprobada por el Congreso del Estado y advirtió que el reconocimiento legal de la identidad de género no depende de decisiones políticas o discrecionales, sino de obligaciones jurídicas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
A través del Pronunciamiento 02/2026, emitido este 26 de mayo, el organismo sostuvo que el derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad está respaldado tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“El reconocimiento de la identidad de género no constituye una concesión discrecional del Estado, es un mandato jurídico obligatorio”, enfatizó la Defensoría en el documento.
El organismo recordó que, tras la reforma constitucional de 2011, todas las autoridades mexicanas están obligadas a aplicar el llamado “control de convencionalidad”, es decir, interpretar las leyes conforme a los tratados internacionales de derechos humanos firmados por México.
En ese contexto, señaló que negar el reconocimiento legal de la identidad de género coloca a las personas en una situación de contradicción permanente entre su vida cotidiana y el reconocimiento oficial del Estado.
“Existen en la vida social, en sus familias y comunidades, pero el Estado no tendría un reflejo que las reconozca tal como son”, expuso la institución.
La Defensoría también reveló que participó activamente durante la construcción de la iniciativa legislativa, brindando acompañamiento técnico y jurídico en cada etapa del proceso, además de aportar argumentos constitucionales y convencionales para garantizar que la propuesta cumpliera con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
Respecto a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo estatal a la reforma, el organismo reconoció que se trata de una facultad constitucional legítima; sin embargo, pidió que el debate público se concentre en el contenido de la ley y no en desinformación o interpretaciones ajenas al texto aprobado.
Además, adelantó que emitirá un posicionamiento más específico una vez que las observaciones sean conocidas de manera íntegra.
La Defensoría sostuvo que continuará acompañando el proceso legislativo y reiteró que mantendrá una postura basada en “el respeto irrestricto a los derechos humanos, el apego al marco constitucional y convencional”.
