La Cámara de Senadores aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, conocido como “Plan B”.
La aprobación se dio con 87 votos a favor y 41 en contra, en una sesión en la que los distintos grupos parlamentarios fijaron postura sobre el alcance y las implicaciones de la reforma. Con este resultado, el Senado avaló las modificaciones propuestas al marco constitucional en materia electoral.
Durante la discusión, legisladores que respaldaron el proyecto señalaron que la reforma busca optimizar el funcionamiento de las instituciones electorales, reducir costos operativos y ajustar diversas disposiciones para hacer más eficiente el sistema democrático del país.
Por su parte, senadores de oposición manifestaron su desacuerdo con el dictamen, al considerar que algunos de los cambios podrían afectar la estructura y operación de los órganos electorales, así como el desarrollo de los procesos comiciales.
El “Plan B” forma parte de un conjunto de iniciativas impulsadas para modificar el sistema electoral mexicano, en un contexto de debate político sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar las elecciones.
Tras su aprobación en el Senado, el decreto continuará el proceso legislativo correspondiente conforme a lo establecido en la Constitución, lo que incluye su eventual publicación y entrada en vigor en los términos que determine el propio documento.
La reforma electoral conocida como “Plan B” introduce modificaciones específicas al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral y al marco normativo electoral. Entre los cambios, se establece la sustitución de estructuras permanentes como juntas distritales por órganos operativos temporales durante procesos electorales; se reorganizan áreas internas y se ajustan funciones del personal del instituto. En materia de fiscalización, se modifican los plazos para la revisión de informes de ingresos y gastos de partidos y candidatos, así como los procedimientos de auditoría. En comunicación política, se ajustan las reglas sobre propaganda gubernamental y la difusión de mensajes durante periodos electorales. Respecto a los procesos electorales, se introducen cambios en la integración de casillas, capacitación de funcionarios, y en la operación administrativa del padrón electoral, además de redefinir atribuciones entre distintas áreas del organismo.
