Sheinbaum presenta reforma para eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional para eliminar los privilegios en las pensiones millonarias que reciben exfuncionarios de confianza en dependencias federales y organismos públicos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la propuesta busca modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer un tope máximo a las pensiones de altos mandos, con el objetivo de evitar jubilaciones consideradas excesivas y fortalecer el principio de austeridad en el servicio público.
Tope de 70 mil pesos mensuales
La iniciativa plantea que ninguna pensión de altos funcionarios de confianza pueda superar el 50 % de lo que percibe la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. En términos actuales, el límite equivaldría a aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
De acuerdo con lo expuesto, existen casos en organismos públicos donde las jubilaciones alcanzan montos considerablemente superiores, lo que representa una carga importante para las finanzas públicas.
¿A quién aplicaría la reforma?
La propuesta no contempla afectar pensiones de trabajadores sindicalizados ni aquellas derivadas de contratos colectivos. El ajuste estaría dirigido específicamente a personal de confianza, altos mandos y directivos de dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas productivas del Estado como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Ahorro estimado y destino de recursos
El gobierno federal estima que la medida podría generar un ahorro aproximado de cinco mil millones de pesos anuales. Dichos recursos serían destinados a fortalecer programas sociales y acciones prioritarias de bienestar.
La Consejería Jurídica de la Presidencia precisó que la reforma no tendría efectos retroactivos en términos de montos ya percibidos, pero sí ajustaría los pagos futuros al nuevo límite establecido.
Próximo trámite legislativo
La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión. Al tratarse de una reforma constitucional, requerirá mayoría calificada en ambas cámaras y la aprobación de al menos la mitad más uno de los congresos estatales.
