“El Indio”, uno de los hombres clave de los Beltrán Leyva, entre los trasladados a EEUU
José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, identificado como uno de los lugartenientes más relevantes del cártel de los Beltrán Leyva, se encuentra entre los 37 reos de alto perfil que el Gobierno de México entregó a Estados Unidos como parte de un nuevo operativo de cooperación binacional en materia de seguridad y justicia.
La entrega se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y fue confirmada por autoridades federales, quienes señalaron que los internos eran requeridos por la justicia estadounidense por delitos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y conspiración criminal.
“El Indio” fue considerado durante años un operador estratégico dentro de la estructura de los Beltrán Leyva, particularmente tras la ruptura de este grupo con el Cártel de Sinaloa. No se trataba de un sicario común, sino de un mando con capacidad de coordinación territorial, control de células armadas y participación en decisiones operativas, principalmente en estados como Guerrero, Morelos y el centro del país.
Álvarez Vázquez fue detenido en 2010 en el Estado de México y permanecía recluido en el penal federal del Altiplano. En noviembre de 2024 fue sentenciado en México a 20 años de prisión por delincuencia organizada; sin embargo, su nombre continuó figurando en expedientes abiertos en Estados Unidos por delitos de carácter transnacional.
Su relevancia para las autoridades estadounidenses radica en que posee información clave sobre la operación interna del cártel de los Beltrán Leyva, incluyendo rutas de trasiego, esquemas de lavado de dinero y posibles vínculos con otras organizaciones criminales. Por ello, su entrega es considerada un movimiento de alto valor estratégico para las investigaciones en curso.
El traslado de “El Indio” forma parte de un tercer envío masivo de reclusos durante la actual administración federal, con el que suman decenas de personas entregadas a Estados Unidos en los últimos meses. Las autoridades mexicanas han señalado que estas acciones se realizan conforme a los tratados internacionales vigentes y con la garantía de que los extraditados no enfrenten pena de muerte.
