Cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Hugo Aguilar toma protesta
El cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación entra en vigor este 1 de septiembre con la llegada de Hugo Aguilar Ortiz como ministro presidente. Con una Corte elegida por voto popular y presidida por un representante indígena.
¿Qué implica este cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
La reforma judicial modificó de manera estructural al máximo tribunal del país:
- La Suprema Corte pasó de 11 a 9 ministros, ahora elegidos por voto ciudadano.
- Los periodos serán escalonados de 8 a 12 años.
- Se eliminaron las salas y todas las decisiones deberán tomarse en el Pleno.
Especialistas advierten que estos cambios podrían agilizar resoluciones, pero también generar mayor concentración de poder.
Hugo Aguilar Ortiz asume la presidencia
El abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz, con formación en Derecho Constitucional, fue el candidato más votado en las elecciones judiciales. Con ello, se convierte en el primer ministro presidente indígena desde Benito Juárez.
En su primer mensaje, prometió construir una “justicia intercultural, plural y cercana al pueblo”, aunque pidió paciencia y confianza para implementar el nuevo modelo.
Ceremonias simbólicas y apertura institucional
Previo a la toma de protesta, los nuevos ministros participaron en rituales de purificación y en la entrega de bastones de mando en Cuicuilco. El acto fue presentado como un compromiso con las culturas originarias y un símbolo de legitimidad ante la ciudadanía.
Un Poder Judicial renovado… y controvertido
El cambio también tiene un fuerte componente político. Con la reforma, Morena consolidó el control de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina, al ser la fuerza mayoritaria en las recientes elecciones judiciales.
Expertos y opositores advierten que elegir jueces y ministros mediante votación popular podría exponerlos a presiones partidistas, debilitando la autonomía judicial.
El cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre una nueva etapa con un modelo de integración inédito en México. Mientras para algunos representa un avance en la democratización del Poder Judicial, para otros significa un riesgo de subordinación política. La forma en que se resuelvan los próximos casos emblemáticos será clave para medir la efectividad de este nuevo esquema.
