El Gobierno de México rechazó los señalamientos de la Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la existencia de una práctica de desaparición forzada sistemática en el país. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó un comunicado en el que aseguró que las afirmaciones “carecen de sustento y no son admisibles”.
El Comité contra la Desaparición Forzada activó en abril de 2025 el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para el caso de México, para evaluar si existía una práctica “generalizada o sistemática” de desaparición forzada. En su informe, el Comité señaló que había indicios “bien fundados” de que tales desapariciones podrían ocurrir en México.
Respuesta del Gobierno de México
La SRE afirmó que el Gobierno reitera su rechazo a que en México haya desaparición forzada sistemática por parte del Estado y calificó como “inaceptables” los señalamientos. Añadió que el fenómeno de desaparición de personas “está principalmente vinculado con la delincuencia organizada” y no con una política estatal sistemática de desapariciones.
Asimismo, el Gobierno aseguró que combate la desaparición de personas mediante una política de Estado basada en la prevención, investigación y sanción.
Argumentos del Gobierno para rechazar los señalamientos
- México destacó que es uno de los países más abiertos al escrutinio internacional, como lo demuestra la ratificación de todos los tratados de derechos humanos correspondientes.
- El Gobierno mexicano solicitó que cualquier juicio se fundamente en análisis objetivos y que se revise previamente el informe oficial que México presentó al Comité en septiembre de 2025.
- La SRE subrayó que el delito de desaparición de personas “se combate en México mediante una política de Estado”, y que se han fortalecido instituciones como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Datos disponibles y en actualización
El Gobierno de México reconoce hasta la fecha cerca de 134 mil personas como desaparecidas o no localizadas. Sin embargo, la cifra de cuántos corresponden a desaparición forzada, y cuántos de estas podrían responder a una práctica estatal sistemática, está en actualización.
El pronunciamiento de México se produce al tiempo que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU lleva el caso ante la Asamblea General. El Gobierno mexicano solicitó que el procedimiento del artículo 34 sea reservado para “situaciones excepcionales” y argumentó que los señalamientos deben basarse en criterios objetivos.
En este contexto, la cuestión de la desaparición forzada sistemática en México permanece en el centro del debate de derechos humanos internacional y nacional.
Reacciones de las organizaciones civiles
Diversas organizaciones de derechos humanos en México expresaron preocupación ante la negativa del Gobierno a reconocer la posibilidad de una desaparición forzada sistemática. Colectivos como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos señalaron que, aunque la delincuencia organizada tiene un papel relevante en estos casos, también existen denuncias que involucran a autoridades locales y fuerzas de seguridad.
Agrupaciones como Amnistía Internacional México y el Centro Prodh recordaron que el reconocimiento de un patrón sistemático permitiría fortalecer las investigaciones y garantizar justicia para las víctimas. Las organizaciones insistieron en la necesidad de mantener la cooperación con organismos internacionales, ya que consideran que la supervisión de la ONU contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
Activan protocolo por primera vez
Esta es la primera ocasión en que la ONU activa el mecanismo del artículo 34 de la Convención Internacional en relación con México. De acuerdo con el Comité contra la Desaparición Forzada, el procedimiento se aplica solo cuando existen indicios graves de una práctica generalizada o de desaparición forzada sistemática. La decisión marca un hecho sin precedentes en la cooperación entre el Estado mexicano y los organismos internacionales en materia de derechos humanos.
