El expresidente Enrique Peña Nieto rechazó categóricamente las recientes acusaciones de haber recibido 25 millones de dólares en sobornos para facilitar la compra del software de espionaje Pegasus durante su sexenio. Documentos filtrados de un arbitraje en Israel —difundidos por The Marker y Aristegui Noticias— señalan que los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher entregaron el dinero para asegurar contratos con el gobierno mexicano.
Peña Nieto negó conocer a los empresarios y aseguró que jamás intervino en la asignación de contratos. A la par, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, abrió una investigación formal y solicitará cooperación jurídica a Israel para acceder a pruebas clave. Sin embargo, organizaciones como Artículo 19 y R3D advierten que el Estado mexicano ha sido omiso para procesar no sólo la corrupción en la compra de Pegasus, sino también su uso para espiar a periodistas, activistas y opositores.
Imagen de Markus Spiske
Los documentos filtrados no sólo hablan de sobornos, sino de posibles mecanismos de lavado de dinero mediante donaciones a ONG israelíes y cuentas bancarias en Estados Unidos, lo que podría abrir una nueva vía de investigación internacional. Para la sociedad civil, el reto es que esta carpeta no quede archivada como otros casos de Pegasus, que empezó a usarse con Felipe Calderón, se expandió con Peña Nieto y continuó bajo López Obrador y ahora Sheinbaum, sin que haya justicia para quienes fueron espiados.
