Este viernes Estados Unidos realizó un ataque militar contra una embarcación venezolana en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela. Según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, murieron cuatro presuntos narcoterroristas a bordo. El barco era sospechoso de transportar narcóticos con destino a EE. UU.
El ataque fue parte de una serie de operaciones militares recientes autorizadas por la administración Trump, que catalogan estas acciones como parte de un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles del narcotráfico.
Reacción y contexto
El gobierno de Venezuela ha denunciado que la acción fue ilegítima. Nicolás Maduro y otros funcionarios cuestionan la justificación del operativo y exigen explicaciones sobre la evidencia presentada por EE. UU.
Por otro lado, EE. UU. defiende la operación basándose en que los ocupantes del barco pertenecían al grupo conocido como Tren de Aragua, y que la embarcación representaba un riesgo para la seguridad nacional por su presunto papel en el tráfico de drogas.
Implicaciones legales y diplomáticas
El ataque a la embarcación venezolana reaviva el debate sobre la legalidad de realizar operaciones militares en aguas internacionales sin autorización del Congreso ni acuerdos con los países afectados. También plantea interrogantes sobre derechos humanos y soberanía.
La administración estadounidense ha mostrado videos del ataque, pero aún no ha presentado pruebas concluyentes de la presencia de drogas o armas en algunas de las embarcaciones atacadas.
