El predio que albergaba el bar Los Cantaritos, escenario de una de las masacres más violentas registradas en Querétaro en los últimos años, dejará de estar bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado. Así lo confirmó el gobernador Mauricio Kuri, quien detalló que la propiedad ya no tiene fines de investigación y será devuelta a sus legítimos dueños, luego de que estos solicitaron formalmente la restitución.
La decisión marca un nuevo capítulo en un caso que sacudió a la opinión pública desde la noche del 9 de noviembre de 2024, cuando un comando armado irrumpió en el establecimiento y abrió fuego contra los asistentes. El ataque dejó un saldo de diez personas fallecidas y trece más heridas. La principal línea de investigación apuntó desde el inicio a un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado, señalando como blanco a Fernando González Núñez, alias La Flaca, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Desde entonces, las autoridades estatales y federales realizaron amplios operativos para dar con los responsables. En marzo de este año, se concretó la captura de José Francisco “N”, alias Alfa 1, identificado como líder de la célula “Los Escorpiones” del Cártel del Golfo, junto a otros presuntos implicados. Las detenciones se lograron en un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad federal, la Marina y la Fiscalía estatal, reforzando la tesis de un conflicto entre cárteles rivales que cruzó la frontera de la zona metropolitana de Querétaro.
Pese a que el predio dejará de ser parte de la investigación, el Gobierno estatal ha dejado claro que no permitirá que en ese sitio vuelva a operar un establecimiento con venta de bebidas alcohólicas. Mauricio Kuri adelantó que tanto autoridades estatales como municipales reforzarán los controles sobre horarios, licencias y giro comercial para impedir que se repita un escenario similar. La prioridad, dijo, es preservar la tranquilidad de los habitantes de la zona y evitar que espacios de esparcimiento nocturno se conviertan en puntos de riesgo para la seguridad pública.
Mientras tanto, la Fiscalía deberá concluir los procesos penales contra los detenidos, quienes enfrentarán cargos por homicidio, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. Para los vecinos y comerciantes de la zona, el anuncio de la devolución del predio significa el cierre de un ciclo marcado por la violencia y la incertidumbre, pero también un recordatorio de que la vigilancia y la regulación serán fundamentales para prevenir nuevas tragedias.
