Desde el inicio de este martes, 21 de agosto, el Poder Judicial de México se encuentra en un estado de pausa activa, siguiendo el llamado a paro nacional emitido por trabajadores, jueces y magistrados. Este movimiento tiene como objetivo impedir la implementación de una reforma al Poder Judicial que está siendo promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de las afirmaciones del mandatario de que la reforma no representa un impacto negativo para los empleados del sistema judicial, estos últimos argumentan que la propuesta pone en riesgo sus derechos laborales y la integridad de la carrera judicial. La reforma propone cambios significativos, incluyendo la elección de jueces y magistrados por voto popular, una reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la introducción de cuatro nuevas normativas procesales.
En el contexto mexicano, la Ley de Carrera Judicial establece un sistema basado en mérito, donde el acceso y avance dentro de la carrera judicial requiere pasar por concursos y cursos específicos. Estos concursos se dividen en tres etapas: exámenes escritos, admisión a un programa de formación para futuros jueces y una última fase de evaluación por un panel de expertos, según lo establecido por la Escuela Federal de Formación Judicial.
La Asociación de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha emitido una declaración formal en la que critica la reforma por ser incompatible con los fundamentos de una república democrática, federal y representativa, enfocándose particularmente en la separación de poderes, la protección judicial efectiva y la independencia judicial.
Bajo la reforma propuesta, la nominación de los ministros sería manejada por una terna presentada por el Ejecutivo, requiriendo el apoyo de dos tercios del Senado para su designación. En cambio, los jueces y magistrados serían seleccionados por un consorcio formado por los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto podría dar lugar a una concentración de poder en manos de un solo partido político dominante.
López Obrador ha defendido la necesidad de la reforma, argumentando que su intención no es perjudicar a los empleados del Poder Judicial, sino combatir la corrupción y los privilegios existentes dentro del sistema judicial. Según el presidente, la corrupción y los abusos de poder por parte de algunos jueces, magistrados y ministros deben ser erradicados para purgar al Poder Judicial de cualquier tacha de impunidad.
